AROA DÍAZ / El rechazo a la petición de un crédito por valor de 22,8 millones de euros para la realización de reformas e infraestructuras en el Pleno del pasado jueves sigue dando de qué hablar. En sus perfiles de redes sociales, oposición y Gobierno, (incluidos miembros del Gobierno con sus cuentas personales) protagonizan un constante cruce de acusaciones.
Desde que en el pasado Pleno la oposición en bloque negara la posibilidad de pedir un crédito solicitado por el alcalde de Leganés, Jesús Gómez, las redes sociales han estallado con declaraciones en contra y a favor de esta decisión.
El portavoz del Partido Socialista, el ex-alcalde Gómez Montoya, califica al actual regidor de «irresponsable» por intentar que la oposición apoye su «delirio«: la aprobación de un crédito, para ellos ilegal, que habría vulnerado la Ley Orgánica Reguladora de las Haciendas Locales en su artículo 193.
Los tres partidos de la oposición calificaron el préstamo de «innecesario» ya que «las necesidades básicas [de los vecinos] no están cubiertas» recordando informes que alertan de la malnutrición infantil o el bajo presupuesto de colegios que no cuentan con personal suficiente por no poder sufragarlo.
Tal y como explica ULEG -y figura en el punto 2 de dicho artículo-, para la petición de un crédito en las circunstancias financieras actuales del Ayuntamiento, primero se deberían recortar gastos ya que, a pesar del superávit, el Ayuntamiento tiene un saldo negativo de 17 millones en sus actuales presupuestos –prorrogados del pasado año– y, de no poderse, el crédito que debería pedirse sería destinado a cuadrar esas cuentas.
Sin embargo, el Ayuntamiento pretende acogerse a una excepción recogida por la ley en su punto número 1 en la que, con un informe favorable de la interventora -existente- y una aprobación en el Pleno, el Consistorio podría ‘olvidar’ ese saldo negativo y continuar con su plan financiero, algo a lo que la oposición no está dispuesta.
«Las negativas de la oposición de negar las inversiones están argumentadas sobre ideas falaces, falsarias y demagógicas«, criticó el Partido Popular tras la realización del Pleno.
Las inversiones, «urgentes» para el Gobierno e «innecesarias» para la oposición, que fueron votadas en el Pleno son las siguientes:
- Soterramiento de contenedores de la Fortuna
- Adecuación de un centro de día en el edificio ‘Santiago Amón’
- Construcción de una Escuela de Música-Auditorio-Museo
- Terminación de las obras de la Biblioteca y el Archivo Municipal
- Construcción de un Polideportivo en Leganés Norte de artes marciales
- Recuperación y rehabilitación de la Solagua y su entorno.
- Adquisición de motocicletas para agentes de la Policía Local.
- Instalación de oficinas de atención al ciudadano en La Fortuna y Leganés Norte.
- Asfaltado de calles en peor estado de San Nicasio, Centro, Zarzaquemada, Las Flores, El Carrascal y el Polígono Industrial.
- Remodelación de espacios interbloques en las Plazas de San Nicasio, Los Ríos, La Mancha, Las Flores, Hernán Cortés, Hermanos Pinzón, del Carmen, de la Fortuna y San Gregorio.
- Peatonalización y acondicionamiento de la Calle La Luna y Ordoñez para rematar la peatonalización del Centro.
En esta votación quedaron fuera dos puntos que sí figuraban en el informe de la interventora:
- La rehabilitación del alumbrado público
- Rehabilitación y reforma de los vestuarios de la piscina El Carrascal, pistas de atletismo y cubierta del Pabellón Manuel Cádenas.
En respuesta a la denuncia de una vecina en la red social Twitter por el mal estado de un espacio interbloque cercano a su domicilio, el alcalde de Leganés acusó a la oposición de haber votado en contra de estas reformas para «hacer ver una supuesta mala gestión» por su parte pese a que esas remodelaciones «son impedidas» por ellos mismos.
A su vez, el concejal de Hacienda, Jose Javier de Diego señaló a la salida del Pleno que los grupos de la oposición piden que ese préstamo vaya destinado a becas o ayudas de libros cuando «este dinero, que se obtiene mediante financiación bancaria está únicamente destinado a inversiones» ya que los gastos corrientes, es decir, aumentos en las partidas de los presupuestos, «deben y tienen que ser financiados con ingresos corrientes» extraídos de impuestos u otros ingresos del Ayuntamiento.
