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El ex alcalde de Leganés procesado por el ‘caso Cuadrifolio’

SANDRA DE ROA / El ‘caso Cuadrifolio’ reanuda de nuevo su proceso. El que fuera alcalde de Leganés hace cinco años, José Luis Pérez Ráez, ha sido llamado a declarar por el Juzgado de lo Penal número 5 de Getafe acusado de un presunto delito de prevaricación.

El ex alcalde de Leganés, Pérez Ráez, y el resto de procesados deberán prestar declaración entre los días 15 y 16 de Enero del próximo año. Pérez Ráez tendrá que defenderse de la acusación de una presunta adjudicación ilegal, en la cual se habría firmado un contrato con la empresa Cuadrifolio para el suministro de mobiliario, sin pasar previamente por concurso público. Dicha adjudicación se habría llevado a cabo en mayo de 2007, por valor de 101.478 euros.

El actual alcalde popular, Jesús Gómez, se ha mostrado alegre ante la admisión de su recurso por la vía penal, tras el rechazo de la denuncia por parte de la Fiscalía Anticorrupción y su archivo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Con la decisión del tribunal es posible que “por fin vaya a conocerse si hubo delito de prevaricación o no”.

“Ese mobiliario no se vio nunca por el Ayuntamiento de Leganés. Pero la cuestión aquí es que ese gasto se hizo sin expediente de contratación, sin fiscalización y contra el criterio de Secretaría y de Intervención”.

El Juzgado de lo Penal se ocupará también del resto de imputados de la trama, entre los que se encuentra el ex concejal de Medioambiente, Francisco Arroyo, el cual fue admitido como nuevo director del Instituto Municipal de Limpieza de Fuenlabrada hace un mes. Previamente, había sido rechazado como auxiliar administrativo del grupo municipal del PSOE de Leganés por el actual alcalde Jesús Gómez. Esta imputación es la segunda que arrastra Arroyo, que ya ha sido acusado también en el ‘caso Facturas’ por tráfico de influencias y malversación de fondos.

El resto de imputados llamados a declarar son Antonio García Blázquez, ex portavoz del PSOE de Leganés y los ex ediles Florencio Izquierdo, Margarita Pedruelo, Mariano Maroto, Yolanda Sevilla y Rita Salina. En el juicio, la acusación solicita una pena de 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

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