Los exalcaldes defienden la legalidad de Legatec

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Los dos últimos exalcaldes de Leganés, Rafael Gómez Montoya (PSOE) y Jesús Gómez (PP) defendieron la legalidad del proyecto de Leganés Tecnológico (Legatec) en la cuarta sesión de la comisión de investigación. Ambos aseguraron que se trató de un proceso legal en el que no entraron en juego más factores.

Jesús Gómez Ruíz (PP) y Rafael Gómez Montoya (PSOE) fueron los comparecientes de la cuarta sesión de la comisión de investigación de Legatec, a la que se ausentó Rafael Simancas (PSOE) por tener «trabajo en el Congreso», a pesar de que la cámara se encuentra disuelta en estos momentos por la cercanía de las elecciones generales.

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Ambos exalcaldes insistieron en que «nada tiene que ver« el cierre de la fábrica de CocaCola en Fuenlabrada con la apertura de la planta de Legatec. «Simplemente por definición, en Fuenlabrada se fabrica y en Leganés se distribuye, no hay más«, sentenció Jesús Gómez quien quiso dejar claro que «ni CocaCola es sólo Legatec, ni Legatec es CocaCola«.

En su intervención, Gómez Ruíz explicó cómo ofreció a CocaCola instalarse en los terrenos correspondientes al Plan Parcial 10, muy cercanos a Fuenlabrada ya que «tenía mucho más sentido«. Sin embargo, la compañía, representada por el entonces director de relaciones institucionales y el responsable de inversiones, pujó finalmente por los ubicados en Legatec.

«Hablamos con el comité de empresa y el presidente nos llegó a decir que sabían que no había ninguna vinculación entre ambos proyectos, que era simplemente un objetivo sindical«, añadió el concejal de Hacienda, Pedro Atienza.

Utilización del procedimiento especial

Además, Jesús Gómez aseguró haber sido quien insistió a la Comunidad de Madrid para utilizar el procedimiento especial de la Ley del Suelo para desarrollar Legatec cuanto antes. «Estábamos en una situación límite», explicó, «los propietarios de los terrenos expropiados de la primera fase no habían sido pagados y empezaban a denunciar«.

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El pago a dichos propietarios debía hacer «en especies«, es decir, con suelo edificable de la segunda fase, por lo que el Ayuntamiento debía crearla -aprobarla- para poder otorgarles el suelo. «Salvamos al Ayuntamiento de pagar mucho dinero porque los procesos se pararon cuando comenzamos con los trámites«.

La polémica votación que aprobó la construcción de la segunda fase del proyecto fue una constante en las preguntas a ambos exalcaldes. «Nunca entendí porqué no se podía aprobar en enero y sólo en septiembre [después de las elecciones]«, declaró Montoya. «Tuvimos la responsabilidad de hacer lo que teníamos que hacer, que era permitir el desarrollo del polígono«.

«Harto» de la vinculación con el caso Facturas

Por su parte, Gómez Montoya rehusó contestar a varias preguntas formuladas por el grupo municipal Leganemos en las que insinuaban una posible vinculación con el caso Facturas, del cual el PP retiró su acusación días antes de la votación del 29 de enero. «Estoy harto de tanta factura«, espetó el actual diputado de la Asamblea de Madrid.

«Dado que existía la posibilidad de que si se volvía a recurrir, se condenaría al Ayuntamiento en costas, nos retiramos de la causa, porque tenía pocos visos de prosperar«, explicó Jesús Gómez (PP).

Montoya aseguró que «votamos lo que se aprobó en el grupo municipal» y negó que se le hubiera comunicado ninguna intención de voto por parte de la directiva de Madrid así como que se le hubiera abierto ningún tipo de expediente por abstenerse en la votación.

Durante su intervención, Gómez Montoya aseguró no entender varias preguntas procedentes de la bancada de Leganemos y criticó a Fran Muñoz como presidente al asegurar que no se estaba siguiendo el reglamento. «No creo que quieran saber la verdad, están haciendo un circo«, llegó a asegurar el exalcalde.

Ultimatum de El Pozo

Por otra parte, Jesús Gómez fue preguntado por la insistencia de El Pozo para aprobar con rapidez la segunda fase del proyecto ya que, según hizo saber al Ayuntamiento a través de una carta, de no aprobarse en enero dejarían de estar interesados en los terrenos.

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«Yo no lo llamaría órdago«, aseguró el ex primer edil, «cada empresa tiene su calendario y no seguirlo podría traerle problemas», añadióasegurando que se trataba de una situación comprensible teniendo en cuenta el dinero invertido.

En la próxima sesión, Miguel Ángel Recuenco (PP), Luciano Represa (PSOE) y Laura Oliva (PSOE) serán los convocados a contestar las preguntas de los diferentes grupos. También se volverá a remitir la invitación al diputado Rafael Simancas (PSOE).

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