Las insuficiencias del Programa de Inserción Laboral (PIL)

El Programa de Inserción Laboral (PIL) es una iniciativa llevada a cabo por la Comunidad de Madrid con la que realizar cursos de formación, destinados a recualificar a desempleados de larga duración sin prestación y con cargas familiares con el objetivo de aumentar su empleabilidad, con fondos del Gobierno regional.

Para un municipio como Leganés, cuyo paro se sitúa en 15.275 personas, este proyecto prometía a los 120 trabajadores que se incorporaran a él una recualificación profesional que les facilitara un mayor acceso al mercado laboral. Sin embargo, un total de 45 contratados no obtendrán el certificado de profesionalidad prometido y en marzo volverán al paro sin ningún tipo de prestación.

Así, el 29 de mayo de 2015, se procedió a la firma de los contratos de formación del Programa de Inserción Laboral pero no sin irregularidades. Y es que, a 45 de estos se los contrató como oficiales polivalentes, categoría que no se recoge ni en el convenio colectivo ni en el estatuto de los trabajadores.

Es decir, no existe una titulación oficial o certificado de profesionalidad para este concepto, puesto que no está recogido en ninguno de los documentos citados. De manera que cuando termine la supuesta formación de estas personas, no obtendrán titulación alguna.

Falta de coordinación en la formación…

Asimismo, se han producido otras irregularidades en lo que a los contratos concierne. En ellos, no obraba el anexo correspondiente a la actividad formativa. De modo que en el contrato no figuraba el itinerario formativo a seguir, los profesores que debían impartirlo ni tampoco se designó un tutor que supervisara la formación de los contratados.

De manera que es posible asegurar que la formación no ha estado regulada. De hecho, los alumnos del curso afirman que la falta de dicho anexo ha ocasionado graves deficiencias en la formación, iniciada el 14 de diciembre, cuando debería haberse llevado a cabo simultáneamente con sus prácticas laborales. Entre dichas faltas se puede encontrar la carencia de materiales y la formación insuficiente del profesorado, aportado por Grupo Aula.

“Al parecer, los profesores deben contar con 10 años de experiencia pero no son expertos en todos los campos tratados en la formación”, han asegurado los alumnos de este programa. Sin embargo, desde el Ayuntamiento aseguran haber contrastado la experiencia de todos los profesores “de hecho, una empresa fue rechazada porque no pudo acreditar dicha experiencia”, nos explican.

…y ausencia de tutores en el empleo

También señalan lo precarias que resultan sus prácticas (realizadas en exterior cuando no están en las aulas), las cuales están llevando a cabo con trajes de verano durante el invierno y sin ninguna supervisión.

En definitiva, han comenzado la formación mucho más tarde de lo requerido y mientras tanto, han prestado servicios como personal laboral municipal, a jornada completa, con categoría de Oficial de Oficios pero de forma más precaria y con un sueldo menor. Por ello, consideran que tienen derecho a percibir la retribución fijada para dicha categoría profesional y jornada.

Para denunciar la situación y ponerle solución, la formación de la oposición, Leganemos, ha trasladado al Pleno las demandas de los trabajadores del PIL. La primera vez que lo hicieron fue en una de sus interpelaciones en el Pleno en el mes de diciembre. Entre otras cosas, señalaron el trabajo en labores estructurales del Ayuntamiento de estos trabajadores, tales como pintar las fachadas de los colegios, sin ningún tipo de supervisión.

Críticas desde la oposición

«[Han trabajado] sin las medidas de prevención de riesgos laborales que necesitan estas personas. A alguien que se le está enseñando no se le puede dejar solo haciendo las tareas porque corre peligro su integridad física», reclamó Fran Muñoz en el pleno de diciembre.

Es posible que esta sea la razón por la cual se han producido accidentes como el acaecido el pasado mes de julio en las instalaciones deportivas de La Fortuna, a pesar de que los profesionales tienen experiencia en sus campos aunque no tengan titulación.

Además, el concejal no solo apuntó a los déficits en la formación, sino que también instó al Gobierno municipal a abonar las pagas extraordinarias que a día de hoy aún no han recibido los trabajadores.

Asimismo, Leganemos, presentó un ruego en el Pleno del día 11 de febrero. El objetivo de dicho ruego es que el Ayuntamiento cumpla el acuerdo con los trabajadores y les dé el certificado profesional de mantenedor de edificios, equivalente al de oficial polivalente pero con verdadero carácter oficial.

Soluciones desde el Ayuntamiento

Rubén Bejarano, concejal de Desarrollo Local y Empleo, asumió dicho ruego y aseguró que están trabajando para que se pueda conceder a estos 45 trabajadores el certificado profesional de mantenedor de edificios, que consta de 530 horas de formación. No obstante, en este momento es insuficiente con las horas de formación ya subvencionadas.

De la misma manera ocurre con el resto de profesionales contratados en otras categorías tales como técnicos informáticos y auxiliares administrativos. Algunos de ellos no obtendrán su certificado profesional por falta de horas por lo que la línea de trabajo del líder de IUCM se va a concentrar en conseguir el máximo posible de horas para que puedan completar su formación.

Además, en declaraciones para Leganés Activo, Bejarano ha asegurado que se está trabajando para que a principios del próximo mes se lleve a cabo una extensión de los cursos para completar el mínimo exigido de horas necesarias destinadas a obtener un título oficial.

También ha afirmado que se exigirán las facturas a la empresa que ha impartido los cursos con el objetivo de analizar en qué se ha invertido el dinero de la subvención y si no ha existido el material necesario.

«Quiero ver la facturación de la empresa para saber lo que se ha invertido en material y si éste ha estado disponible para los alumnos en todo momento». «Después de su formación, los trabajadores del PIL se incorporarán a la bolsa de empleo del Ayuntamiento», añadió el concejal de IUCM 

Analizando las facturas y la formación en los tribunales

Sin embargo estas soluciones no han convencido el concejal de la oposición que, también en declaraciones exclusivas para nuestro medio, ha expresado su malestar respecto a este asunto.

«Claramente lo que está haciendo el Ayuntamiento es cubrir el expediente, única y exclusivamente. A nosotros esto nos parece muy grave porque estás hablando de trabajadores que posiblemente tengan pocas oportunidades más para reincorporarse al mercado de trabajo», apuntó el concejal de Leganemos.

Y añadió, «la recualificación vamos a exigir que sea palpable y constatable. Y si el Ayuntamiento tiene que volver a contratar cursos de formación, será responsabilidad del Ayuntamiento el haber dilapidado dinero público.» De hecho, se estima que cada curso está valorado en alrededor de 115.ooo euros.

Los trabajadores afectados han acudido a la vía judicial al no encontrar satisfactoria la respuesta del Consistorio. Si ganan el litigio, el Ayuntamiento de Leganés se verá obligado a abonarles sus pagas extraordinarias y las cotizaciones a la seguridad social y desempleo, ya que, si el juez estima que al no tener tutores no ha sido un contrato real de formación y han actuado como trabajadores estructurales del Ayuntamiento, éste se verá obligado al pago de dichos conceptos.