La Fiscalía abre diligencias contra Jesús Gómez y Miguel Ángel Recuenco por el Caso Portfolio

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Una permuta -o trueque- de terrenos. Esta es la base del llamado caso Portfolio. Un asunto en el que la Fiscalía ha visto indicios de «quebranto de fondos públicos» por lo que ha abierto una investigación. Las diligencias se producen en base a la denuncia interpuesta por Unión por Leganés el pasado julio.

La Fiscalía de Madrid ha anunciado que abrirá diligencias contra el ex alcalde Jesús Gómez y el ex concejal de urbanismo Miguel Ángel Recuenco, ambos del Partido Popular. Se trata del primer paso tras una denuncia interpuesta por Unión por Leganés el pasado mes de julio por un presunto delito de «quebranto de fondos públicos». Concretamente, el partido de la oposición les acusa de haber ratificado un acuerdo perjudicial para las arcas públicas así como haber mantenido un mala estrategia de defensa judicial para parar dicho convenio.

Según el partido de la oposición, los hechos datan de 2005. El entonces edil de Urbanismo (PSOE) Florencio Izquierdo y el representante de la empresa Festival Park (ahora Portfolio) cierran un acuerdo. En él, el Ayuntamiento de Leganés obtenía la 11/12 parte de suelo rústico denominado “Fuente de la Mora” -cerca de Arroyo Butarque- para entregar suelo comercial y de ocio en lo que hoy es Plaza Nueva (PP3). Este ‘trueque’ no se llegó nunca a formalizar y, por ello, el empresario denunció al Ayuntamiento.

«Resulta sorprendente que un contrato particular entre un concejal de urbanismo y un empresario impliquen a todo el Ayuntamiento», aseguraba Carlos Delgado (ULEG).

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Este año, los tribunales dieron la razón al empresario y sentenciaron el pago de 7 millones por intereses y costas generados por no haber realizado la permuta de terrenos. El Ayuntamiento se ha visto obligado a llegar a un acuerdo para el pago de esta sentencia.

Acuerdo de fecha desconocida

Durante el pasado Pleno del 25 de mayo, los concejales debatieron este punto a instancias de ULEG. Un debate en el que se pusieron de manifiesto algunas contradicciones. Mientras que desde ULEG se fechaba el acuerdo en 2005, Santiago Llorente defendía que comenzó en 2002. «El Pleno firma el 12 de Noviembre de 2002 el primer convenio«, aseguraba. Por su parte, Miguel Ángel Recuenco añadía que fue ratificado en 2005. «Cuando llegó a mis manos este expediente estaba judicializado a través del contencioso en 2010«.

No obstante, todos señalaban no estar conformes con el acuerdo ni con la sentencia marcada por el juez, incluso el portavoz popular. «¿Por qué no denunció el acuerdo si creía que era perjudicial?«, preguntaron desde ULEG al ex concejal de urbanismo, «¿por qué recurrieron solo una parte de la sentencia y no?«, añadían.

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Pedida de explicaciones

«Las dudas sobre este contrato son innumerables«, aseguraba Carlos Delgado. Debido a las sombras señaladas por ULEG, el partido pidió explicaciones al actual alcalde, Santiago Llorente, miembro de la corporación en aquel momento. Por ello, solicitó su comparecencia en una comisión plenaria pero los argumentos no les convencieron.

«Las comparecencias en la Comisión Plenaria de Régimen Jurídico y Hacienda del alcalde y el Jefe de la Asesoría Jurídica no ayudaron a resolverlas. Las respuestas del alcalde dieron vergüenza ajena intentando primero repartir las culpas con otros ediles del PSOE e IU con los que compartía Gobierno y Pleno. Y posteriormente afirmar desconocer porqué el Gobierno, del que formaba parte, nunca quiso hacer efectivo el acuerdo».

Durante el Pleno, el alcalde insistió en que se trataba de un acuerdo ratificado por todos los miembros de aquel Pleno, destacando que la responsabilidad no recaía solo en Jesús Gómez y Miguel Ángel Recuenco. «No me parece mal comisión de investigación ni que vaya a la Fiscalía pero no se necesita ninguna ratificación aquí. Solo quieren circo político«, sentenciaba.

Finalmente, la comisión de investigación que solicitaba ULEG quedó rechaza por el voto de calidad del alcalde tras el empate provocado por la abstención del concejal no adscrito Jorge Pérez. Sin embargo, la petición será investigada finalmente por la Fiscalía.

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