La PAH Leganés ha conseguido la paralización del desahucio de Eduardo y Yolanda, una pareja con un niño de cuatro años y embarazada del segundo. Su desahucio estaba programado para el 24 de septiembre, cuatro días antes que su cesárea, que será el próximo 28 de septiembre.
La pareja vivía en una habitación de alquiler, sin embargo, su situación de desempleo sin del cobro de ningún tipo de prestación hicieron imposible que los tres miembros de la familia continuaran viviendo en ella. Así, ambos decidieron okupar una vivienda propiedad del SAREB, lo que se conoció como «el banco malo«.
Desde ese momento, la familia ha intentado gestionar un alquiler social con la entidad y los Servicios Sociales ya que «están dispuestos a pagar en función de sus posibilidades». Sin embargo, la entidad no les ha dado una contestación para poder comenzar los trámites.
Sólo en Leganés, el SAREB cuenta con 8 pisos disponibles, 7 de ellos para compra y uno en régimen de alquiler, y dos solares, uno de ellos residencial de 225’50 metros cuadrados. Asimismo, también cuenta con una parcela de suelo terciario de 52.202,15 m² de superficie, resultante del Proyecto de Compensación del Polígono PP-10 Sur M-50 de Leganés.
Debido a su situación de okupas, la entidad de gestión bancaria procedió a agilizar los trámites del desahucio fijando como fecha para el lanzamiento el 24 de septiembre, obviando la situación de embarazo de Yolanda. La pareja intentó acudir a los juzgados pero se les denegó la justicia gratuita.
Así, la PAH ha gestionado los trámites necesarios para obtener un informe del Hospital Severo Ochoa en el que se acreditase el estado de la mujer y los problemas que podría acarrearla a su salud y a la del bebé un desahucio pasados cuatro días de dar a luz y sin una vivienda alternativa.
Ante la nueva información, la jueza responsable del caso se pronunció en favor de la pareja paralizando el proceso de lanzamiento del próximo día 26 a la espera de que la entidad vuelva a fijar una nueva fecha. Mientras tanto, la PAH, que ya había convocado un ‘Stop Desahucios’ para evitar el desenlace, continuará con las gestiones para facilitar a la familia un alquiler social con el que poder quedarse en la vivienda.
