En el Día Mundial del Agua -el pasado martes 22- recordamos al cada vez mayor número de personas que han visto cortado su suministro del agua por impagos, lo cual, según una reciente sentencia del Tribunal Supremo, es ilegal. Un dictamen que ha ayudado a algunos vecinos y Ayuntamientos a recuperar su suministro aún habiendo sido cortado. El ex interventor de Leganés y actual interventor de Orihuela, Fernando Urruticoeacha, nos lo explica.
El abastecimiento domicialiario del agua potable es un derecho fundamental regulado en base al artículo 31.3 de la Constitución Española («Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley«), el cual se traduce en que únicamente podrá establecerse un pago o tributo por prestaciones públicas -como el agua- si existe una ley que así lo imponga, algo que no ocurre en este caso.
Una irregularidad denunciada por el Tribunal Supremo el pasado mes de noviembre a través de una sentencia en la que aseguraba que el pago por el suministro de agua es una tasa y no una tarifa, es decir, es un pago por uso del dominio público que revierte en el erario público y no un pago a una empresa por hacer uso de sus infraestructuras y productos, ya que no existe ninguna ley que así lo diga.
«El servicio de agua potable domiciliaria está definida por nuestra normativa como servicio esencial de prestación obligatoria y en régimen de monopolio por los Ayuntamientos y se trata de un servicio de prestación obligatoria porque el agua es un bien indispensable para poder llevar una vida digna«, asegura Fernando Urruticoechea, interventor municipal de Orihuela, conocido como ‘uno de los mayores cruzados contra la corrupción’.
Batallas ganadas en otros Ayuntamientos
Los Ayuntamientos podrán llegar a acuerdos con empresas privadas distribuidoras, como Agbar, Acciona o FCC/Aqualia para utilizar sus infraestructuras en lugar de las municipales, pero no así recibir una contraprestación económica por parte del usuario, que pagaría la tasa al propio Ayuntamiento. «La nueva regulación sirve para blindar el carácter público de los servicios municipales del agua«, defiende Urruticoechea.
Esta sentencia, pionera en este ámbito, ampara la lucha que muchas organizaciones llevan manteniendo desde hace varios años para defender el agua como el servicios fundamental que es, prohibiendo el corte de su suministro y la privatización del servicio. En este marco se encuentra #Iniciativagua2015 cuya organización ha elaborado un pacto social marco al que se han adherido ya varios ayuntamientos.
“Las empresas públicas se están poniendo las pilas gracias al Pacto del Agua, mientras las privadas siguen haciendo cortes de suministro, por eso el lobby tiene miedo a evidenciar que existen muchas diferencias entre el modelo público y privado”, declarar al Periódico Diagonal los portavoces de la Red Agua Pública, y añaden que “lo de FCC evidencia la convivencia entre los poderes y el oligopolio de la privatización de agua”.
De esta forma, el pasado mes de octubre, el Parlamento de Andalucía aprobó una propuesta de ley, enmarcada en este pacto, por la que se prohíben los cortes de agua y se garantiza el suministro de entre 60 y 100 litros al día por persona en caso de impago justificado; en Asturias, Murcia y Galicia se han creado plataformas de la Red de Agua Pública para trabajar en esta dirección; y en el Ayuntamiento de Gijón se está tramitando un acuerdo por el que la empresa pública de agua garantizará el suministro aún en caso de impago con mínimos de 100 litros al día por persona.
Sumar desde Leganés
Urruticoechea lamanta que en Leganés, a pesar de la oposición que hubo a la firma del convenio con el Canal de Isabel II –finalmente aprobado en Junta de Gobierno durante la anterior legislatura-, no se hayan unido a este tipo de iniciativas. Así, ha elaborado un borrador de moción en el que se insta al alcalde a incoar la actual ordenanza municipal sobre la tarifa de aguas y elaborar una nueva ordenanza reguladora de la tasa con el fin de bajar su precio.
Recientemente, el interventor reenvió su estudio acerca de este tema y el borrador al grupo municipal ULEG sin haber obtenido respuesta. En las próximas semanas anuncia que se pondrá en contacto con el resto de grupos de Leganés y municipios cercanos para incentivar la adhesión a esta campaña.
«Costará ganar ahora la batalla en los ayuntamiento, pero como afecta al bolsillo de todos los usuarios y estamos en tiempos de cambio, costará, pero ganaremos», asegura esperanzado.
