La justicia considera ilegal el mecanismo utilizado para el nombramiento de estos cargos de confianza. El partido de la oposición ULEG ha recordado que los actuales directores están nombrados a través del mismo mecanismo. El Gobierno local ha anunciado que estudia un recurso de casación.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratifica la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Administrativa. Según esta, el nombramiento de los directores generales de la legislatura de Jesús Gómez fue ilegal. «Resulta claro que en este caso los nombramientos impugnados, que recayeron todos ellos en personas que no tenían la condición de funcionarios, se hicieron “por necesidades del servicio”, lo que en modo alguno constituye una motivación ni suficiente ni válida para justificar la excepción en lugar de la regla general«, reza la sentencia.
«Por tanto, no se trata aquí de cuestionar, como se expuso en la sentencia apelada, la competencia profesional y experiencia de los nombrados, sino que previo a ello debió justificarse que por las características específicas de cada puesto no era necesario que su cobertura se hiciese con personal funcionario, lo que no se ha hecho, prescindiéndose en su nombramiento de los esenciales principios de igualdad, mérito y capacidad, que no pueden verse suplidos por la mera voluntad del órgano competente para su nombramiento, sin un previo procedimiento de provisión ni de selección, como desacertadamente se afirma por el apelante. Ello supone la desestimación del recurso de apelación«, se justifica.
De esta forma, los nombramientos quedarían ilegalizados a través de este sistema. El mismo que, según el grupo ULEG se ha llevado a cabo para los directores generales actuales. Así, el partido estudia convocar un Pleno extraordinario para solicitar el cese de los actuales cargos.
“Si se agarran a artimañas o recursos dilatorios que terminen pagando los ciudadanos para excusar el cese de estos cargos innecesarios, presentaremos una querella al alcalde por presuntos delitos correspondientes al Título XIX del Código Penal (contra la administración pública)”, advierten.
Estudio de nuevas apelaciones
Sin embargo, desde el Gobierno local se recuerda que la sentencia «no afecta a los directores generales nombrados en esta legislatura ya que lo que ULEG denunció fueron los nombramientos realizados por el Gobierno anterior«. Para que afectase a los actuales directores generales sería necesario el inicio de un nuevo proceso judicial. Por tanto, aseguran que no se plantean el cese de ningún cargo.
Además, en estos momentos estudia si presenta o no recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
