Unión por Leganés anuncia que las investigaciones del llamado ‘caso Portfolio’ llegan a la sección de Enjuiciamiento. La Fiscalía entiende que hay «indicios de presunta responsabilidad contable». Entre los investigados se encuentran Jesús Gómez (PP) y Miguel Ángel Recuenco (PP).
La denuncia interpuesta por ULEG el paso mes de mayo, ha sido estudiada por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas quien decidió hace unos días iniciar procedimiento por presunta responsabilidad contable. A través de una comunicación oficial, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha informado a Unión por Leganés del enjuiciamiento de la causa.
#CasoPortfolio. El ayuntamiento de Leganés, llevado a juicio por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas tras denuncia de ULEG contra, entre otros, el exalcalde Jesús Gómez (hoy diputado) y el exedil de Urbanismo Miguel Ángel Recuenco (ahora portavoz del PP). PPSOE y sus vergüenzas. pic.twitter.com/53FxpJnfWl
— CarlosDelgadoPulido (@CarlosULEG) 29 de enero de 2018
El escrito de Unión por Leganés señalaba la «sospechosa permuta de suelo» que se firmó hace más de una década. En ella el ayuntamiento se queda con un suelo (Finca de la Mora) valorado en 4 millones, entrega uno (PP-3) valorado en más de 40. En el momento de la aprobación de este convenio en el Pleno, Álvaro Couso era el portavoz del grupo socialista, Miguel Ángel Abejas lo era del grupo popular y Eduardo Cuena de Izquierda Unida. A excepción del PP, que se abstuvo en la votación, el resto de ediles votaron a favor del convenio.
Sin embargo, el proceso no se llegó a ejecutar debido a la negativa del gobierno de Jesús Gómez. «En el acuerdo se decía que se cambiaba suelo urbano y comercial por una parcela de 300.000 metros pero luego medía 200.000.«, explicaba Miguel Ángel Recuenco como uno de los motivos que había llevado al Ayuntamiento a no ejecutar la permuta. Esta paralización del proceso hizo que el empresario llevara el caso a los tribunales que le dieron la razón, condenando al Ayuntamiento a la ejecución más 9 millones de euros en intereses.
Investigación de responsabilidades
Ahora, la Fiscalía ve indicios de que se trató de un acuerdo perjudicial para las arcas públicas. De esta forma, investigará el origen de este acuerdo y si hubo algún motivo para llevarlo a cabo. Para ULEG, las consecuencias deberán ser el pago de la sentencia ya que esta investigación no exime al Ayuntamiento del pago de los intereses a la empresa.
