Leganés aprueba un proyecto de presupuestos que incumple la ley

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El proyecto aprobado podría ser denunciado ante los tribunales. Contraviene la Ley Reguladora de Haciendas Locales al aprobarse 9 meses más tarde del inicio de año. Además, va en contra de la Ley del Suelo al ligar algunas inversiones a la venta de terrenos.

El Pleno del Ayuntamiento de Leganés estaba avisado: los presupuestos deben aprobarse antes del 31 de diciembre del año anterior. Sin embargo, ayer el Ayuntamiento dio luz verde al proyecto de presupuestos de 2018, en pleno mes de septiembre, algo que contraviene la Ley Reguladora de Haciendas Locales. 

Preguntado por el artículo de esta misma ley que obliga a los Ayuntamientos a presentar un proyecto de presupuestos una vez al año, el concejal de Hacienda Pedro Atienza destacó que: “Eso dice la ley… entre legalmente y lo que dice la ley…”, aseguraba en ONDA LEGANÉS. No obstante, puede que para esta maniobra sí haya sanción.

“Tampoco hay una sanción por no presentar un presupuesto. Si no fuera legal habría una sanción que no existe. Sí que es verdad que la ley dice que hay que presentar un proyecto de presupuesto antes del 31 de diciembre, pero el mayor ejemplo lo tenemos en el Gobierno de la Nación. Seguimos sin tener un borrador de presupuestos  [29 de enero] y no pasa absolutamente nada porque sí hay un presupuesto, tenemos el presupuesto prorrogrado del año anterior”.

Según ha podido saber LEGANÉS ACTIVO, algunas agrupaciones estudian si interponer medidas legales en contra de esta aprobación. Y es que, no solo contraviene la ley de Haciendas Locales, sino también la Ley del Suelo, como ha señalado el PP en varias ocasiones. En estos presupuestos se ligan las inversiones del Plan Asfalto, la reforma del polideportivo Nuevo Carrascal o la ejecución del carril bici a la venta de suelo -que ningún partido espera que se vaya a llevar a cabo-.

Cabe recordar la insistencia del concejal de Hacienda, Pedro Atienza, en que estos presupuestos vinculaban a 2018 y no 2019 ante la posible sentencia judicial que anularía -por ilegales- los presupuestos actuales y llevaría al Ayuntamiento a tener que trabajar lo que queda de año con las cuentas de 2012, “mucho más restrictivas y que no nos dejarían hacer apenas nada”.

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