Se trata de un ambicioso acuerdo que busca recaudar más sin incrementar la presión impositiva a los vecinos y vecinas. El objetivo es proteger a los sectores de la población más castigados por la crisis. A través del fondo de ayudas de emergencia se adquiere el compromiso de ayudar a las familias sin recursos que no puedan abonar el IBI
El Gobierno local (PSOE e IUCM), Leganemos y Ciudadanos han llegado a un acuerdo para la aprobación inicial del borrador de ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Leganés de cara al año 2019. Se trata de un ambicioso proyecto que tiene como principal objetivo conseguir una fiscalidad más justa para los leganenses ando además la recaudación sin incrementar la carga fiscal.
Aunque se trata por ahora de un acuerdo inicial, es previsible que éste llegue a aprobarse en el Pleno. Para ello necesitarán del apoyo de PP o ULEG pues solo cuentan con 10 votos de 27 del Pleno. «Las cuatro fuerzas que suscribimos este acuerdo sumamos más de la mitad de los votos de los ciudadanos en las pasadas elecciones municipales. Juntos sumamos una amplia mayoría de los apoyos populares por eso quiero agradecerles a todos su labor para seguir mejorando esta ciudad”, ha asegurado el alcalde Santiago Llorente (PSOE).
Para Ciudadanos, que ha evitado aparecer en la foto ausentándose del acto de presentación, este acuerdo es esencial ya que «dentro del nuevo Proyecto de Presupuestos 2019 se hace necesario tener un marco regulador realista y que atienda de forma eficaz las demandas para hacer evolucionar la ciudad de Leganés».
Nuevo tramo de recaudación del IBI
Según los grupos que suscriben el acuerdo, este tiene como uno de sus principales ejes proteger a los sectores de la población más castigados por la crisis y las familias en situación más precaria.
Para ello, en este borrador se ha diseñado un nuevo tramo de recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para las viviendas de mayor cuantía. De esta forma, las viviendas de hasta 60.000 euros estarán bonificadas en un 90% y las de menos de 130.000 euros en un 80%. Por su parte, las superiores a esta cantidad entrarían en el nuevo tramo del 50%. Se estima que afectaría al 5% de mayor cuantía del padrón de bienes inmuebles de Leganés. En esta línea, se adquiere el compromiso destinar ayudas a aquellas familias sin recursos para abonar el IBI a través de la partida presupuestaria del fondo de ayudas de emergencia.
Este acuerdo de ordenanzas fiscales también fija las bonificaciones de las edificaciones que utilizan sistemas de aprovechamiento de la energía solar. Estas bonificaciones, según el funcionamiento y tipos de uso de la energía en los edificios, podrían llegar hasta un 80% en total. Se trata de dar importantes pasos adelante para afrontar la transición energética en la ciudad de Leganés.
Respecto a la tasa por aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales o utilización privativa por parte de empresas explotadoras de servicios, el equipo de Gobierno se compromete con este acuerdo a la realización de un estudio para la regularización de esta tasa. Leganemos destaca en este sentido el acuerdo para el cobro del VADO.
«A partir de ahora las grandes superficies de Leganés pagarán más por el vado mientras se reduce este impuesto a pequeñas empresas y las vecinas y vecinos de nuestra ciudad. No era lógico que Parquesur o Plaza Nueva no pagasen mientras la ciudadanía si lo hacía.»
Leganemos.
Más inspectores fiscales
Hoy también se ha anunciado que este acuerdo tiene contemplado el incremento de la plantilla municipal en cuatro plazas para completar la sección de inspección fiscal. Esta propuesta deberá ser ratificada en el pleno municipal y contempla un incremento de un agente fiscal, dos inspectores fiscales y un jefe de sección de inspección fiscal.
«Es imprescindible la lucha contra el fraude fiscal y para eso hacen falta medios y recursos humanos y materiales, por eso era necesario incrementar la plantilla en este apartado y hemos trabajado para lograrlo«, afirma el portavoz de Leganemos, Fran Muñoz.
Además también se ha acordado la tasa por prestación de servicios administrativos para la apertura de establecimientos. Se fija una tarifa de tramitación de 100 euros.
