Oposición y CGT han denunciado la maniobra que prepara el Ayuntamiento de Leganés con el próximo contrato de limpieza. Critican las condiciones impuestas y el momento elegido para licitarlo, a escasos meses de las elecciones.
En vísperas del puente de la Constitución y a pocos días de las fiestas navideñas el Ayuntamiento de Leganés publicó un ‘macro contrato’ de 45 millones de euros para la gestión de servicios públicos de limpieza. Se trata de unificación de servicios que, hasta ahora, estaban en varios contratos separados y que pertenecían a diferentes empresas. En él se engloban los diferentes servicios:
- Servicios de recogida de desperdicios sólidos urbanos.
- Servicios de recogida de desperdicios domésticos.
- Servicios de limpieza de pintadas.
- Servicios de limpieza y barrido de calles.
- Servicios de recogida de basuras.
- Servicios de control de plagas.
Para el sindicato CGT es la «mayor maniobra de privatización de servicios públicos de la historia de Leganés» mientras que para la oposición supone hipotecar al próximo gobierno y es que, se espera que quede tramitado antes de las elecciones que tendrán lugar en mayo.
Deficiencias en las condiciones
Mientras que CGT destaca que es un contrato destinado solo a grandes empresas debido a los millonarios presupuestos, ULEG advierte que puede ser hecho a medida de determinadas empresas. «El contrato de limpieza […] dará trabajo a 360 personas, que forman parte de la red clientelar, como pasó durante 36 años en Andalucía», aseguraba en Canal 33 Carlos Delgado.
Por su parte, desde Ganar Leganés advierten de que han visto varias deficiencias en el pliego que podrían repercutir en el servicio y las condiciones laborales de los trabajadores. Además, echan en falta características medioambientales que serán obligatorias desde el próximo año como el contenedor marrón o el uso de vehículos ecológicos.
En cuanto al personal, actualmente estos servicios son dados por 361 trabajadores procedentes de dos empresas distintas, actualmente Valoriza (243) y Urbaser (118), adscritos a 5 servicios diferenciados y con 6 Convenios Colectivos distintos, algo que ya ha supuesto problemas anteriormente provocando despidos.
Finalmente, CGT critica que se trata de un nuevo caso de subasta a la baja, donde el criterio precio supone el 70% de la nota de adjudicación; y la forma de cálculo usada impedirá que muchas de las ofertas temerarias sean calificadas como tal, lo que pone en riesgo el servicio.
