Los juzgados trasladarán a la Comunidad y a los ayuntamientos cuando detecten situaciones de riesgo o exclusión social y podrán suspender los lanzamientos. Las Administraciones analizarán cada caso y, si procede, facilitarán a los afectados acceso a programas de vivienda social y asistenciales
La Comunidad de Madrid está trabajando en un convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación de Municipios de Madrid (FMM) sobre desahucios. El texto va encaminado a detectar y tomar medidas ante situaciones de vulnerabilidad en los casos de desahucios de vivienda familiar por impago de rentas o por ejecuciones hipotecarias.
El Consejo de Gobierno ha sido informado hoy sobre la suscripción de este convenio entre las distintas administraciones. El documento establecerá un protocolo de actuación para que, cuando el juez o el letrado de la Administración de Justicia detecten situaciones de exclusión social en casos de desahucio, puedan trasladar la información a la Administración autonómica o local. De esta manera, si se cumplen los requisitos, los afectados podrán tener acceso a programas de vivienda social o a otros programas asistenciales.
Familias en situación de riesgo
El convenio recoge que tanto Comunidad de Madrid como CGPJ y FMM consideran necesario coordinar actuaciones, dentro de sus respectivas competencias, para hacer frente al problema que afrontan numerosas familias que carecen de recursos económicos básicos y que se están enfrentando a procesos de ejecución hipotecaria y desahucio por falta de pago que, en muchas ocasiones, acaban con la pérdida de la vivienda habitual. El acuerdo, de un año de duración y prorrogable por 4 años más, establece un protocolo de actuación tanto para los procedimientos de ejecución hipotecaria sobre vivienda habitual, como para los casos en los que el afectado no puede pagar la vivienda en la que vive en alquiler.
Las tres partes firmantes se comprometen a impulsar las medidas oportunas, incluidas las informativas y de formación, para facilitar que el órgano jurisdiccional que trate estos casos pueda detectar las situaciones de vulnerabilidad o riesgo de exclusión que puedan existir. El objetivo es que pueda dar traslado de estos casos a la Consejería competente en materia de vivienda y a los servicios sociales de la entidad local correspondiente para que analicen y verifiquen la situación y, si lo ven necesario, adopten las medidas necesarias tanto desde el punto de vista de vivienda como de otras necesidades de tipo social.
Igualmente, y a la vista del análisis realizado por los servicios sociales de las Administraciones regional y local, se establece la posibilidad de que el órgano jurisdiccional pueda suspender el desahucio, siempre de conformidad con las leyes procesales. Asimismo, el convenio prevé que, desde los órganos judiciales, se facilite a las personas en situación de vulnerabilidad folletos informativos de los servicios y programas de servicios sociales existentes, así como de la posibilidad de acceder a asistencia jurídica gratuita y de contar con abogados y procuradores de oficio.
Consejerías implicadas
En el caso de la Comunidad de Madrid, el convenio implica a las consejerías con competencias en Políticas Sociales, Vivienda y Justicia. Estos departamentos tienen que facilitar al CGPJ toda la información disponible sobre sus propias estructuras, redes, organización, funcionamiento y recursos de los servicios sociales y vivienda. Además, elaborarán los folletos informativos sobre esta materia que se remitirán a los juzgados.
Además, se comprometen a dar una respuesta ágil y a acelerar la tramitación de las solicitudes recibidas sobre estos casos donde existen vulnerabilidad y riesgo social, así como a fomentar la colaboración de los Colegios de Abogados y Procuradores en la consecución de los objetivos previstos en el convenio. Igualmente, y en colaboración con el CGPJ, desarrollarán un registro informático que permita el estudio estadístico de las actuaciones realizadas en el marco del convenio.
El convenio contempla la creación de un órgano mixto de vigilancia y control de la ejecución del acuerdo que se reunirá, al menos, una vez al año y que estará formado por dos representantes de cada una de las partes firmantes. En la actualidad, la firma de este convenio está pendiente del informe que deben emitir los servicios jurídicos de la FMM y de su posterior aprobación por la Comisión Permanente del CGPJ.
