La Comunidad de Madrid ha visto desestimado su recurso y estará obligada a medicalizar las residencias de Leganés.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado el recurso de alegaciones interpuesto por el Gobierno regional por el que pedía no verse obligado a medicalizar las residencias de Leganés. Este fallo supone que la Comunidad de Madrid deberá actuar ante la necesidad de ayudar a evitar más contagios en estos centros ya que pueden convertirse en focos de contagio.
En el auto se argumenta que “no solo residentes y trabajadores en las residencias se ven afectados por la situación de pandemia, sino que la misma afecta a los vecinos, toda vez que se demostró que dichos centros fueron un foco de contagio y transmisión en los primeros momentos de la pandemia». Además, argumenta que “no solo residentes y trabajadores en las residencias se ven afectados por la situación de pandemia, sino que la misma afecta a los vecinos, toda vez que se demostró que dichos centros fueron un foco de contagio y transmisión en los primeros momentos de la pandemia».
Los letrados del gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) habían defendido que el Ayuntamiento no podía “actuar en materias ajenas a su competencia”, en este caso, las residencias de mayores que son competencia regional. Sin embargo, el auto considera que “parece que el Ayuntamiento tiene conferido normativamente un cierto nivel de habilitación competencial para la atención inmediata de los mayores, y para la colaboración en la inspección y control de la calidad de las residencias”.
Leganés pide que se actúe rápido
Ante la resolución, el alcalde de Leganés, Santiago Llorente (PSOE), ha asegurado que «seguiremos trabajando para que en todas las residencias haya una mayor presencia de personal sanitario porque nos interesan las personas, en este caso los mayores, de estas ocho residencias de Leganés». Por su parte, la Concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Leganés, Eva Martínez Borrega, ha denunciado que “la situación en este momento en las residencias, en cuanto a medios materiales y recursos humanos, es exactamente la misma que en marzo” por lo que ha reiterado la urgencia de “contar con un plan de acción lo antes posible”.
Además, la Sala considera que la Comunidad debe actuar a pesar de que los datos están mejorando ya que se tiene que prevenir una nueva oleada. «Cuando se exige, como en este caso, el cumplimiento de obligaciones que pueden implicar un riesgo para la vida, debe admitirse la posibilidad de acudir a la jurisdicción sin agotar el plazo de reacción que el precepto concede a la administración”.
