El secretario general del PSOE de Leganés, Miguel Recuenco (PSOE), ha respondido tajante a las críticas por haber sido adjudicatario de una vivienda pública de EMSULE. Y lo ha hecho sin medias tintas: asegura que se trata de una “campaña de difamación” destinada a atacar su honor y desviar la atención del debate sobre vivienda pública en Leganés.
Según ha explicado, la vivienda le fue adjudicada “en un sorteo público ante notario, siguiendo todos los requisitos legales”, y subraya que nada tuvo que ver su militancia política: “Cumplí todos los requisitos y participé en un sorteo fiscalizado. Nadie me favoreció. Nadie me regaló nada”. Requisitos que a día de hoy, cumple.
La clave, según Recuenco (PSOE), está en que el proceso no solo estuvo auditado, sino que una militante del Partido Popular también resultó beneficiaria del mismo sorteo. “Eso demuestra que fue neutral y objetivo”, recalca.
“Accedí como cualquier joven; me enorgullece haberlo hecho cumpliendo la ley”
El dirigente socialista reivindica el acceso a vivienda pública como un derecho, no como un privilegio, y asegura que sigue cumpliendo las condiciones para optar a ella.
“No me avergüenzo de haber accedido a una vivienda pública; al contrario, me enorgullece haberlo hecho cumpliendo la ley, como miles de jóvenes y familias de nuestra ciudad”.
Miguel Recuenco, secretario general del PSOE
Recuenco (PSOE) insiste en que no tiene ni ha tenido sueldo público y que su vida laboral se desarrolla fuera de las instituciones. Además, recuerda que la vivienda aún no ha sido entregada.
Anuncia acciones legales: “No lo hago solo por mí”
El socialista apunta directamente a quienes han tratado de “embarrar la vida pública” con falsedades: “Si alguien tiene la más mínima prueba, que vaya a los tribunales. Yo seré el primero en pedir que se investigue hasta el final”.
Ha confirmado que su equipo jurídico ya estudia emprender acciones legales contra los autores de la campaña, a los que acusa de intentar desviar el foco mientras Leganés discute el futuro de la vivienda pública y la paralización de proyectos en la ciudad.
