AROA DÍAZ / La abstención de los ediles del grupo socialista impidió en el pasado Pleno la exigencia de responsabilidades patrimoniales en el caso del funcionario despedido, Antonio Pestaña, por un posible perjuicio económico al encontrar discrepancias entre el pliego de prescripciones técnicas firmado y el recogido por el funcionario.
La situación tiene su origen en 2011 cuando el Ayuntamiento retiró a Antonio Pestaña de su puesto en el Departamento de Contratación al haber encontrado variaciones en uno de los pliegos adjudicados a la empresa ‘Velasco Obras y Servicios S.A.‘ ese mismo año.
El caso fue llevado ante los tribunales para esclarecer la responsabilidad de dicho funcionario y exigir una compensación económica, sin embargo, las diversas sentencias –recurridas por el Ayuntamiento– han rechazado la culpabilidad del acusado, archivando la causa lo cual, según el portavoz del grupo municipal Unión Por Leganés, Carlos Delgado, podría llegar a costar 300.000€ en tasas judiciales.
En la última sentencia, el juez ha vuelto a desestimar la causa asegurando que las diferencias entre ambos documentos «no constituye delito«; a pesar de ello, el alcalde del municipio, Jesús Gómez (PP), presentó el Pleno un informe en el que se detallaba el posible perjuicio del funcionario a las arcas públicas.
Esta es la tercera vez que el grupo municipal ha llevado la exigencia de su reincorporación al Pleno exigiendo, además, la responsabilidad patrimonial del alcalde, Jesús Gómez y la edil de Obras, Beatriz Tejero, «por su comportamiento inquisitorial y sin pruebas, que pidan disculpas y entreguen sus actas«.
La moción fue rechazada gracias a la abstención de los ediles del grupo socialista.
