ULEG solicitará la creación de una comisión de investigación para analizar las responsabilidades en las condenas judiciales durante el próximo Pleno de Leganés. Además, el partido, en rueda de prensa ha criticado el trato que el Gobierno tiene con el concejal no adscrito, Jorge Pérez.
En la rueda de prensa ofrecida este martes, ULEG ha detallado las mociones que llevarán mañana al Pleno entre las que se encuentran una solicitud para que se constituya una comisión de investigación que indague y depure responsabilidades de cómo y por qué se ha llegado a que el ayuntamiento tenga que hacer frente a cerca de 20 millones de euros por condenas judiciales, ya sea por expropiaciones ilegales, impagos de todo tipo, indemnizaciones a funcionarios o incumplimiento de contratos públicos.
“Los casos de los terrenos del Parque Picasso, PP5, Plaza Nueva, vía militar o la rescisión con la UTE Reynober-Velasco exigen un estudio concienzudo y no la tomadura de pelo de la comparecencia en el Pleno de marzo del jefe de la asesoría jurídica, Juan María Borreguero, quien sólo demostró conocimiento de cómo alguien que reparte folletos de publicidad del PSOE puede terminar cobrando gracias al dedo del alcalde cerca de 90.000 euros y tener la desfachatez de reclamar que los vecinos le paguemos los trienios alcanzados en otra administración”.
Además, el grupo solicitará que el inglés se imparta en el primer ciclo de las escuelas infantiles de gestión directa e interpelará al alcalde por el caos existente en Recursos Humanos. “Un alcalde absolutista, para un gobierno que es un caos absoluto”, aseguran desde el partido recordando la situación de inactividad de las empresas públicas, las mesas de trabajo del PP4 con las contratas o la falta de presupuestos.
Privilegios del «concejal tránsfuga»
Desde el partido vecinal también se ha afeado la actitud de permanente mimo y protección del alcalde y del gobierno PSOE e IUCM hacia el concejal no adscrito Jorge Pérez, expulsado de C’s y tránsfuga, al «no abandonar el cargo público al separarse del partido que lo presentó como candidato«.
Y es que, según ULEG, «el sr. Llorente no sólo lo mantiene en los consejos de administración de las empresas públicas Emsule y Lgmedios, sino que lo ha dotado de un lujoso despacho en el edificio Santiago Amón y que alojaba al edil de Cultura, le está proporcionando una plaza de garaje gratuita y, a cargo del erario público, se le ha entregado un móvil, portátil, PC…, vulnerando tanto la letra como el espíritu del Pacto Estatal contra el Transfuguismo, legitimando este vituperable comportamiento por el único afán de impedir una moción de censura que será imposible mientras permanezca como concejal el sr. Pérez, ya que la Ley (artículo 197.1.a), de la LOREG) no permite computar su voto a estos efectos«.
“Los vecinos quisieron ese cambio en las urnas, pero un tránsfuga secuestró al ayuntamiento. Es hora de rescatarlo de un alcalde afectado por la versión política más extrema del síndrome de Estocolmo”, ha sentenciado Carlos Delgado.
