El juzgado de Instrucción número 6 de Leganés ha dado un paso clave en la investigación sobre los llamados protocolos de la vergüenza que impidieron la derivación hospitalaria de miles de mayores en residencias madrileñas durante la primera ola de la pandemia. Por primera vez, la justicia no solo investiga a los autores de dichos documentos, sino que también pone el foco en los equipos que ejecutaron las órdenes.
Entre los citados como investigados el próximo 17 de junio figuran Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, ex responsables de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, ambos firmantes de los triajes que restringían el traslado de residentes a hospitales. Pero la gran novedad de esta causa es la imputación del entonces responsable del SUMMA 112, Pablo Busca, y de la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa de Leganés, María Jesús Molina, por su presunta implicación en la aplicación directa de dichos protocolos.
La denuncia parte de los familiares
La querella que ha activado esta causa ha sido presentada por dos familiares de víctimas de residencias ubicadas en Leganés, lo que refuerza el vínculo directo del municipio con este caso.
Las familias de los fallecidos, agrupadas en colectivos como Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, llevaban tiempo reclamando que se investigase no solo a quienes diseñaron las instrucciones, sino también a quienes, en la práctica, decidieron quién recibía atención hospitalaria y quién no.
Señalan al Hospital Severo Ochoa de Leganés
El foco sobre la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa es especialmente relevante, ya que esta figura era la que autorizaba —o denegaba— los traslados hospitalarios desde las residencias del área sanitaria de Leganés. Asimismo, el SUMMA 112 ha sido señalado por actuar solo bajo esa autorización, negando ambulancias a mayores enfermos, lo que para las familias constituye una forma de discriminación.
Este nuevo proceso arrancará el martes 4 de junio por la mañana. En ese horario están llamados a declarar como testigos Alberto Reyero, A Burgueño y J Abarca, así como las familiares querellantes. Por ello, las plataformas de Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia han convocado una concentración frente a los juzgados a las 9 horas.
Segunda reactivación del caso
Esta causa se suma a otro procedimiento judicial abierto en Madrid por los mismos hechos. Ambos casos tienen como base el artículo 511 del Código Penal, que castiga la denegación discriminatoria de asistencia sanitaria. La justicia tratará de determinar ahora si se produjo una vulneración sistemática de derechos que contribuyó a la muerte de más de 7.000 mayores sin atención hospitalaria.
