El Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés mantiene abierta la causa por los llamados “protocolos de la vergüenza”, que investigan la actuación de altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia. Sin embargo, el procedimiento se encuentra paralizado temporalmente, a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid decida qué juzgado continuará con la investigación.
Estos protocolos —firmados en marzo de 2020— impidieron derivar a hospitales a miles de mayores que vivían en residencias, provocando una de las mayores polémicas sanitarias de la pandemia.
La denuncia colectiva, impulsada por Marea de Residencias y presentada ante la Fiscalía por 109 familiares de 115 víctimas, ha dado lugar a 92 procedimientos judiciales distintos en juzgados de toda la Comunidad de Madrid, incluidos Leganés, Getafe, Alcobendas, Collado Villalba, Valdemoro y Madrid capital.
Un conflicto entre juzgados
El pasado junio, el Juzgado de Leganés tenía previsto tomar declaración a varios altos cargos de la Comunidad de Madrid, pero las comparecencias se suspendieron.
El motivo: uno de los abogados pidió que todos los procedimientos abiertos se acumularan en el Juzgado nº 3 de Madrid, para unificarlos.
Leganés aceptó estudiar la petición y se inhibió en favor del juzgado madrileño, pero éste rechazó asumir la acumulación mediante un auto fechado el 27 de agosto. Desde entonces, el conflicto de competencias está en manos de la Audiencia Provincial, que deberá decidir qué juzgado continuará con la instrucción. Hasta entonces, la causa permanece abierta pero sin avances.
Ocho juzgados investigan a los altos cargos de Ayuso
Según Marea de Residencias, los altos cargos señalados están ya imputados en ocho procedimientos judiciales diferentes, aunque la mayoría avanzan con lentitud o incluso parálisis.
El colectivo ha denunciado la “desidia judicial” y el riesgo de prescripción de algunos delitos, al no haberse practicado diligencias en varios juzgados. “Han pasado más de cinco años y seguimos esperando que alguien dé explicaciones”, lamentan desde la asociación.
A pesar del bloqueo, las familias mantienen su compromiso: “No vamos a parar hasta que se investigue lo que ocurrió con nuestros mayores”.
