Leganés vuelve a colocarse en el centro del debate nacional por la tasa de basuras, un cobro que desde este año están implantando todos los municipios de más de 5.000 habitantes por obligación de la Ley 7/2022. Pero aquí, donde el tema siempre ha levantado polvareda, el partido Unión por Leganés–ULEG quiere ir un paso más allá: llevar al Pleno de este jueves una propuesta para que el Ayuntamiento impulse una recogida de firmas ciudadana para pedir su derogación.
La formación que cogobierna con el PP asegura que Leganés “no va a rendirse” ante lo que consideran un tributo injusto, discriminatorio y que coloca a los ayuntamientos “ante una bomba jurídica de consecuencias imprevisibles”. Su presidente y primer teniente de alcalde, Carlos Delgado, lo resume con una frase: “Somos como la aldea gala de Astérix: luchando contra una chapuza legislativa que exprime los bolsillos de los vecinos”.
Un giro político: del rechazo del PP de Madrid a la crítica de sus alcaldes en el sur
El debate ha experimentado un giro llamativo en los últimos meses. Cuando Leganés anunció que no aplicaría la tasa, el PP de Madrid no respaldó inicialmente la decisión, defendiendo que la ley debía cumplirse estrictamente. Pero el discurso ha cambiado desde que la tasa se ha implantado en otros municipios gobernados por populares: varios alcaldes del sur de Madrid ya han criticado públicamente el tributo, apuntando al impacto económico y a la falta de claridad de la norma.
Además, el delegado del Gobierno en Madrid llegó a criticar al Ejecutivo local de Leganés recordando que “no está por encima de la ley”, elevando aún más la tensión institucional. El resultado: un pulso político que hoy afecta a varios niveles de la administración.
Por qué Leganés planta cara: la ley obliga a cobrar, pero no como se está haciendo
La Ley 7/2022 de residuos obliga a los municipios a financiar el coste de la gestión de residuos a través de una tasa o una prestación patrimonial pública. Sin embargo, ULEG señala que la normativa está “mal diseñada”, genera agravios entre localidades y fuerza a los ayuntamientos a asumir riesgos económicos sin una regulación clara.
Según el partido, la directiva europea en la que se basa la ley no exige implantar una tasa, sino que los productores de residuos asuman costes y se incentive el pago por generación. “Lo que ha hecho el Gobierno central —denuncian— es convertir una competencia municipal en un problema nacional y dejar a cada ayuntamiento tirado a su suerte”.
Leganés ya vivió una batalla similar hace dos décadas
ULEG recuerda la famosa Ecotasa del año 2001, creada por PSOE e IU y eliminada en 2008 tras protestas, recursos y recogidas de firmas en la ciudad.
“Leganés ya ganó una vez esta lucha, y lo volverá a hacer”, aseguran.
Qué pide ULEG al pleno
La moción que se debatirá este jueves propone:
- Impulsar una campaña municipal de recogida de firmas para pedir al Gobierno que derogue los artículos de la Ley 7/2022 que obligan a aplicar la tasa de basura.
- Buscar alternativas constitucionales que no pongan en riesgo la economía local.
- Trasladar el acuerdo al Gobierno de España, al Parlamento Europeo, a la FEMP y a las Cortes Generales.
La propuesta abrirá un nuevo frente en el Ayuntamiento y promete calentarse políticamente en los próximos días, con Leganés convertido —otra vez— en altavoz nacional de la batalla contra esta tasa.
