Sin notificación, ni alternativas. Así ha ejecutado el Juzgado número 8 de Leganés un desahucio este miércoles dejando en la calle a Jaime y Cecilia, un matrimonio de pensionistas de 73 años con una circunstancia añadida: ella padece cáncer.
La actuación, considerada ilegal por colectivos sociales, se ha llevado a cabo en pleno episodio de lluvia, viento y frío, dejando a la familia directamente en la calle. Una decisión que ha generado una ola de indignación en redes sociales y entre organizaciones por el derecho a la vivienda.
Las primeras víctimas en Leganés del ‘no’ del PP, Vox y Junts
Según ha denunciado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el desahucio ha sido permitido y promovido por el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Leganés, pese a conocer la situación médica, económica y social de la familia. Todo ello, aprovechando que el voto negativo del PP, Vox y Junts hacía decaer el Real Decreto Ley para la moratoria de desahucios para personas vulnerables, una normativa que, sobre el papel, debería impedir este tipo de actuaciones. Un ‘no’ que golpea doblemente a este matrimonio al ser pensionistas, recibiendo 647 €.
“Con RDL o sin él, los juzgados siguen fallando contra las familias”, resumen desde la PAH, que considera que las medidas de vivienda aprobadas en los últimos años son tibias, parcheadas e ineficaces. La ejecución de este desahucio sin aviso previo refuerza esa sensación de desprotección absoluta.
Una gran inmobiliaria, causante del desahucio
La vivienda pertenece a Coral Homes, una inmobiliaria participada por el fondo de inversión Lone Star y CaixaBank. Es decir, grandes tenedores de vivienda, a los que la legislación exige mayores responsabilidades sociales. Sin embargo, el caso demuestra —según denuncian los colectivos— que la balanza judicial sigue inclinándose casi siempre del lado de la propiedad, incluso cuando existen informes de vulnerabilidad acreditados.
El contraste es todavía más sangrante si se mira a apenas dos días atrás. El pasado fin de semana, la PAH logró paralizar un desahucio de la SAREB en Collado Villalba tras una negociación directa con la comisión judicial. Dos casos similares, dos desenlaces opuestos, y una pregunta incómoda: ¿de qué depende realmente que una familia acabe en la calle o no?
No es precisamente justicia
Lo ocurrido en Leganés no es solo un drama social. Es una señal de alarma sobre el funcionamiento de los mecanismos de protección, el papel de los juzgados y la impunidad con la que actúan los grandes fondos inmobiliarios. Un día como hoy, dejar a una familia enferma y sin recursos en la calle tiene nombre. Y no es precisamente justicia.
