La regularización extraordinaria de inmigrantes en España está teniendo un impacto directo en Leganés, donde el volumen de trámites se ha multiplicado en pocos días. La medida, que podría beneficiar a más de un millón de personas en todo el país según distintas estimaciones, ha provocado una avalancha de solicitudes que está poniendo al límite los servicios administrativos.

Uno de los cuellos de botella está en un documento clave: el informe de Servicios Sociales, necesario para acreditar situaciones de vulnerabilidad y poder acceder al proceso.

Más de mil solicitudes en Leganés

Según ha confirmado el alcalde, Miguel Ángel Recuenco (PP), en sus apariciones en ‘Espejo Público’ y ‘Buenos días Madrid’, en los últimos días se han registrado más de mil solicitudes de este informe en la ciudad.

Se trata de un documento técnico que solo pueden emitir los Servicios Sociales municipales y que certifica que una persona se encuentra en riesgo de exclusión social. Para elaborarlo, los técnicos deben analizar aspectos como:

• Situación de vivienda
• Unidad familiar
• Nivel de ingresos
• Situación laboral

Un proceso que no es inmediato ya que requiere un estudio detallado en cada caso. El propio alcalde ha señalado que aproximadamente un 20% de las solicitudes corresponden a personas que ya estaban siendo atendidas, lo que facilita su tramitación. Sin embargo, el resto exige una evaluación completa desde cero, lo que ralentiza el proceso.

Un informe habitual… pero ahora desbordado

Este tipo de informe no es nuevo. Los Servicios Sociales de Leganés ya lo elaboran habitualmente en casos como violencia de género o solicitudes de prórrogas de desahucio. La diferencia ahora es el volumen.

Desde el Ayuntamiento critican que no existen directrices únicas del Ministerio sobre cómo aplicar este requisito en el marco de la regularización, algo que no es necesario al ser un informe ya existente.

Falta de plantilla en Servicios Sociales

Para hacer estos trámites, el alcalde ha denunciado que «no nos ha dotado de un recurso económico ni recursos humanos». En este sentido, critica que no se hayan reforzados los Servicios Sociales de cada ayuntamiento con un grupo de técnicos especializados, para no entorpecer el resto de áreas en las que trabajan.

En el caso del Ayuntamiento de Leganés, cuenta con 25 trabajadores municipales, tal y como ha recordado Recuenco. «Aquí no se paraliza el resto de atención porque es injusto», ha sentenciado.

Cruce de acusaciones con el Gobierno central

La situación ha derivado en un nuevo choque político. Recuenco acusa al Gobierno central (PSOE-Sumar) de haber actuado con “mala fe”, asegurando que no ha habido coordinación previa con los ayuntamientos.

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (PSOE), ha defendido en rueda de prensa del Consejo de Ministros que el procedimiento “está perfectamente regulado” y ha acusado al PP de intentar boicotear la medida.

Desde Leganés, el alcalde rechaza esa acusación y sostiene que se ha realizado esta regularización con «mala fe»: «con la intención de acusarnos de racistas y xenófobos y atacar al PP».

Leganés, ante un reto inmediato

Más allá del enfrentamiento político, la realidad es clara: miles de personas se encuentran a la espera de que se puedan gestionar sus expedientes para regularizar su estancia en el país, donde muchos de ellos trabajan pero sin poder acceder a un contrato.

El reto para los Ayuntamientos ahora no es solo tramitar, sino hacerlo sin que el sistema se bloquee. Porque si algo ha quedado claro en estos primeros días es que la regularización se ha convertido en un desafío administrativo para unos recursos públicos ya mermados de base.