AROA DÍAZ / El Tribunal del juzgado número 5 de Leganés ha condenado al portavoz del grupo Unión Por Leganés, Carlos Delgado, a una multa de 60€ por un delito de injurias a la asesora del Partido Popular, Paz Paniagua. El grupo independiente anuncia que continuará la batalla judicial.

Este viernes, los juzgados de Leganés han hecho pública la sentencia en el pleito entre el cargo de confianza del gobierno local Paz Paniagua y el edil Carlos Delgado. La denuncia fue interpuesta por la asesora popular tras ser llamada «adúltera» por el portavoz de la oposición a través de la red social Twitter el pasado 24 de junio.

Tras los hechos, más que rememorados por ambos grupos en la mencionada red, el denunciado pidió disculpas por lo ocurrido en numerosas ocasiones, incluso llegó a hacerlo en el Pleno del mes de junio donde reconoció los hechos.

Esto ha sido considerado por el tribunal como prueba tanto para considerar culpable de los hechos a Carlos Delgado como para minimizar su pena a una multa de 6€ durante 10 días, es decir, 60€, que deberá pagar en un pago único «por ser dicha pena proporcional a la gravedad de los hechos objeto de ejuiciamiento«.

No obstante, desde ULEG consideran esta sentencia «favorable» debido a que «desmonta las falacias del PP» aunque recuerdan que no se trata de una sentencia firme y anuncian su intención no sólo de recurrir este fallo sino, además, de emprender acciones legales contra los «autores materiales e intelectuales de la vil campaña contra Carlos Delgado«.

Y desde estas líneas aprovecho para mostrar toda mi solidaridad con @Paz_Paniagua por haber sido utilizada de manera machista por el PP
— Carlos Delgado (@CarlosULEG) septiembre 26, 2014

AROA DÍAZ / Los ediles de la localidad, reunidos en Pleno, han aprobado una moción por la que el alcalde de Leganés ha sido reprobado por la contratación del abogado y empresario Gonzalo Boye, condenado por su colaboración en un secuestro perpetrado por ETA. En el texto, además, se exige la entrega del acta del primer edil.

Una vez más, los ediles de la oposición han exigido al renuncia del alcalde de Leganés por motivos de la «ineficiente» gestión que está llevando a cabo el grupo popular en la localidad. La moción, presentada por el grupo independiente ULEG, reprobaba la actitud del gobierno ‘popular’ tras la contratación de el abogado.

Boye, conocido en la actualidad por ser editor de la revista Mongolia, no ha hecho público ningún arrepentimiento ya que, a pesar de la condena firme, asegura no haber tenido relación directa con la banda terrorista. «Él militaba en una organización de extrema izquierda chilena en su juventud, estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado y le prestó el coche a quien no se lo debería haber prestado«, aseguró Jesús Gómez sobre el condenado.

Esta colaboración entre ambos ha sido calificada por ULEG, responsable de la moción, como una traición a la víctimas de la banda. Además, según denuncia el grupo independiente, la contratación se ha realizado de manera «opaca«. «La propia comisión de contratación, a instancias de ULEG, ha reclamado el expediente y el contrato que siguen sin aparecer, si es que alguna vez existieron«, declaró Carlos Delgado en el Pleno.

Tras la intervención del edil independiente, el grupo popular rechazó la oportunidad de debatir la moción y tan sólo anunció su posición contraria.

«No debatiremos una moción presentada por un grupo que mantiene como portavoz a alguien que ha denigrado a los hombres y mujeres del Partido Popular con calificativos como adúltera, loco, borracho o putero sólo por citar a algunos. Hecho por el que ha sido reprobado por este Pleno, por el Consejo Sectorial de Igualdad y condenado por la Justicia«, comunicó Noemí Selas.

Unas declaraciones que Carlos Delgado contestó recordando la sentencia firme contra el alcalde, Jesús Gómez, por la que se afirma que vulneró los derechos fundamentales al eliminar dos mociones presentadas por su grupo del orden del día del Pleno.

Por último, según ha anunciado Delgado, el texto íntegro de la moción será remitido a las principales instituciones, a saber, los presidentes de Congreso y Senado, al Tribunal Constitucional, al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo de Estado, al Consejo de Ministros, al Presidente de la Comunidad de Madrid, al ministro de Justicia, a la Asociación de Víctimas del Terrorismo y al Defensor del Pueblo.