AROA DÍAZ / En su último informe, la Cámara de Cuentas denuncia que el Partido Socialista podría haber incurrido en fraccionamiento de contrato al conceder servicios, de forma reiterada, a Roble Park, mediante un concurso negociado sin publicidad. En el documento se señala que las cuatro empresas invitadas al concurso pertenecían al mismo administrador, en este caso, Joaquín Castillo, imputado en el caso ‘Aparcamientos’ de Getafe.
La Cámara de Cuentas ha detectado también otras irregularidades como reconocimientos extrajudiciales de derechos injustificados; irregularidades en los Balances de Situación que no representan la realidad de las deudas pendientes o falta de motivación y justificación de concurrencia en algunos convenios firmados por el Ayuntamiento y algunas entidades.
Estas irregularidades se podrían haber dado en contratos firmados por el grupo socialista de Leganés con la empresa Roble Park durante los años 2010 y 2011, correspondientes al período que la propia cámara se ha declarado incapaz de auditar debido a la falta de documentación necesaria en el proceso.
“La realidad es peor de lo que pensábamos, por lo que el Partido Socialista debería dar explicaciones de las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas y que afectan, especialmente, a la gestión del actual portavoz socialista, Rafael Gómez Montoya”, ha declarado Jesús Gómez, alcalde de Leganés.
En concreto, las irregularidades podrían haber tenido lugar en los contratos relacionados con ‘el Servicio de colaboración y asistencia para la recaudación a través de cajeros y máquinas automática’. Según dicho informe, el Ayuntamiento de Leganés, durante el Gobierno del socialista Rafael Gómez Montoya, mantenía la prestación del servicio recogida de fondos de cajeros automáticos, traslado y distribución del efectivo desde 2008, mediante un contrato administrativo de 1 de agosto de 2008, por un importe máximo de 59.000€ con una duración de dos años.
Posible fraccionamiento del contrato
Tras su finalización, el 23 de noviembre de 2010 se firma un nuevo contrato, por 55.600€, tras un procedimiento negociado sin publicidad donde, en base aun pliego de prescripciones técnicas, se invita a cuatro empresas, relacionadas entre sí, a que presentan sus proposiciones económicas y técnicas.
“Las cuatro empresas invitadas a participar estaban relacionadas entre sí (el firmante del contrato inicial con la empresa que lo venía gestionando era administrador único de otra de las sociedades y fue también apoderado de otra de ellas un tiempo después. En la cuarta uno de los consejeros es un representante de la propia sociedad que venía prestando el servicio y que volvió a ser adjudicataria por segunda vez, al obtener la mayor puntuación)”, explica el informe del organismo auditor.
Múltiples contratos firmados de forma sospechosa
Sin embargo, según informa politicalocal.es, estos contratos fueron fruto de una larga relación entre los socialistas de Leganés y la empresa Roble Park. La sociedad ganó la gestión de los principales aparcamientos públicos del municipio desde 2002 con un procedimiento muy similar en la subasta de empresas: tres de la cuatro compañías se encontraban vinculadas al dueño de Roble Park. Sólo entre 2003 y 2007, dichos contratos superaron el millón de euros.
Por otro lado, curiosamente, tres de estos concursos se licitan en el mismo día a través de la entidad EMSULE y van a parar a la misma empresa -RoblePark- y se conceden por la misma cantidad de dinero -43.704€-. Los contratos son firmados por el empresario Joaquín Castillo Cantos, padre de Joaquín Castillo Teruel, imputado en Getafe y administrador único de Roble Park, sobre quien pesaba en ese momento una prohibición firme del Ministerio de Hacienda de contratar con las administraciones públicas por el incumplimiento del artículo 20 de la Ley de Contratos.
Otras irregularidades señaladas por la Cámara de Cuentas
No obstante, en el informe destacan también otras “irregularidades o deficiencias en los expedientes de modificación presupuestaria”. En concreto, “irregularidades en los saldos de Balance de Situación, que no representan la realidad de las deudas pendientes, falta de motivación y de justificación de concurrencia” en algunos convenios firmados por el anterior equipo de Gobierno.
“Exsiten retrasos injustificados en la tramitación de varios expedientes, transcurriendo más de nueve meses entre el momento en que se formula la propuesta de contratación hasta la adjudicación definitiva (…). Dada la dilatación en el tiempo de la entrega de los pliegos de prescripciones técnicas, el Ayuntamiento se ve obligado a prorrogar los contratos anteriores o debe seguir ejecutándose la prestación, ya fuera de plazo, hasta la nueva adjudicación,debiendo abonarse el servicio prestado mediante el recurso a la figura excepcional del reconocimiento extrajudicial de derechos”.
