AROA DÍAZ / En un documento oficial remitido al grupo independiente ULEG, el actual jefe de la Asesoría Judicial del Ayuntamiento de Leganés, Gonzalo Ruiz, niega la existencia de la documentación relacionada con la contratación del abogado Gonzalo Boyé. Una información que contrasta con las aseveraciones del alcalde Jesús Gómez.
El pasado 2 de septiembre, el jefe de sección de contratación del Ayuntamiento, Don José Guijarro, solicitó al departamento de Asesoría Jurídica los documentos relacionados con la contratación de Boyé. Pasados 27 días llegó la respuesta a su despacho.
«Pongo en su conocimiento que en esta Asesoría Jurídica no consta documentación alguna referente a expedientes relacionados con el citado señor o con su despacho de abogados«, reza el documento.
Una declaración que contrasta frontalmente con la versión sostenida hasta el momento por las fuentes oficiales del Ayuntamiento quienes, en su día, declararon a elconfidencial.com que la plaza para la acusación en el ‘caso Facturas’ contra el PSOE local, fue llevada a concurso y ganada por el polémico penalista. No obstante, aún cabe la posibilidad de la existencia de una «hoja de encargo» -similar al contrato por servicio- con la que se firmase el acuerdo.
De ser así, los funcionarios del Consistorio deberían contar con una copia del contrato así como del proceso de licitación y de las propuestas rechazadas. No obstante, según afirma el documento, dicha documentación no está en los archivos de la Asesoría Jurídica.
Por otra parte, dicho anuncio tampoco aparece en el histórico de licitaciones y contrataciones público ofrecido por el Ayuntamiento de Leganés y en el que figuran los procesos concursales que se han llevado a cabo durante esta legislatura.
Para Carlos Delgado, portavoz de ULEG, este documento certifica la ausencia de un proceso claro en la contratación del abogado y editor de la revista Mongolia y, asegura, «deja claro» que se trata de un procedimiento realizado por Jesús Gómez unilateralmente. No obstante, recordamos, aún cabe la posibilidad de la existencia de una «hoja de encargo» -similar al contrato por servicio- con la que se firmase el acuerdo.
