El Ayuntamiento de Leganés en Pleno ha aprobado una modificación presupuestaria de un millón de euros para el pago de facturas y sentencias judiciales relacionadas con la anterior administración. Unas deudas que ULEG ha cuestionado la responsabilidad de la administración.
El primer Pleno de la legislatura de Santiago Llorente ha sido protagonizado por los enfrentamientos y la polémica llegando a verse afectados hasta los debates de los puntos que podrían ser considerados como «meros trámites«. De esta forma, la oposición ha criticado la modificación de crédito por un millón de euros para pagar deudas de la anterior administración.
Entre estas deudas se encuentran algunas facturas impagadas y sentencias judiciales entre las que se encuentran una resolución que condena al alcalde de Leganés, por entonces Jesús Gómez, a pagar 400€ por el incumplimiento de una sentencia. Una multa que, según ha defendido Carlos Delgado (ULEG), debe ser pagada por el anterior alcalde.
«Pedimos que se quede sobre la mesa porque parece que se quieren pasar por alto las responsabilidades de anteriores corporaciones, en especial a técnicos de asesoría jurídica y al señor alcalde […] nos gustaría conocer si esta multa de 400€ lo ha pagado el anterior alcalde de su bolsillo, tal y como dice el auto al ser una multa cohercitiva personal o ha sido la institución quien ha hecho frente a esta multa.»
Ante esta pregunta, Pedro Atienza, concejal de Hacienda, aseguró no tener la respuesta comprometiéndose a investigar el caso y dar respuesta por escrito al grupo municipal ULEG para conocer quién habría abonado estos 400€ y si ha habido más pagos de esta cantidad tal y como se mencionaba en la sentencia.
Depuración de responsabilidades
Además, Delgado puso en duda la actitud del jefe de la asesoría jurídica de quien señaló una posible «actitud premeditada» de no querer pagar en los plazos debidos a las empresas y dilatar los procesos; unas acusaciones derivadas de que «casi el 90% de las sentencias condenan en costas al Ayuntamiento por considerar que ha habido mala fe«.
Leganemos, por su parte, apoyó la petición de Carlos Delgado de dejar el punto sobre la mesa debido a que «no se trata sólo de cuestiones de la anterior legislatura» sino que, según aseguraba Rocío Cruz, «viene de largo» por lo que solicitaron analizar el punto detalladamente para poder depurar responsabilidades.
«Algunas de las sentencias vienen derivadas de anteriores legislaturas en las que se ha estado recurriendo y litigando hasta que se ha condenado al Ayuntamiento en costas«, aseguraba Rocío Cruz (Leganemos).
Por su parte, Pedro Atienza, concejal de Hacienda, señaló que «habría que investigar efectivamente caso por caso« pues podría tratarse de, simplemente, «facturas extraviadas», aunque, recordó, que el rechazo de esta modificación o dejarla sobre la mesa supondría no pagar a las empresas acreedoras del Ayuntamiento.
En esta línea se mantuvo también la intervención del anterior concejal de Hacienda, Miguel Ángel Recuenco (PP), quien señaló que «los retrasos provocan intereses a favor de las empresas» por lo que instó a la responsabilidad de los concejales para «no crear un agujero en la caja del Ayuntamiento» y pagar cuanto antes.
Finalmente, la ampliación resultó aprobada con los votos de PP, PSOE y C’s (14) a pesar de la abstención de Izquierda Unida (1) y el voto en contra de ULEG y Leganemos (12).
