La plataforma Leganés Remunicipaliza insiste en la necesidad de acordar una reunión con el alcalde de Leganés para conocer sus planes sobre la gestión de los servicios públicos y presentarle sus propuestas. El grupo se ha reunido ya con el resto de partidos políticos de la ciudad, a excepción de Ciudadanos.
El 29 de octubre Leganés Remunicipaliza volvió a solicitar por registro una reunión con el alcalde de Leganés, Santiago Llorente (PSOE). Esta es la cuarta ocasión en la que la plataforma pide una reunión con el primer edil, una de ellas por registro, otra por correo electrónica, y una primera por correo ordinario, obteniendo la misma respuesta, el silencio.
Esta solicitud se enmarca dentro de la ronda de contactos que la plataforma, inició hace unas semanas, con todos los partidos políticos. Hasta ahora, han mantenido contactos con Leganemos, ULEG, IU y PP, quienes, según el grupo, acogieron de buen agrado las propuestas de la plataforma, comprometiéndose a estudiarlas y a llevarlas a cabo si eran viables.
La medida principal es la sustitución de las empresas privadas encargadas de los servicios municipales de la ciudad –como la limpieza viaria, mantenimiento de parques y jardines, – por una pública en la que se mantenga el mismo personal. El proceso se realizaría a medida que fueran venciendo los contratos adjudicados.
De esta manera se daría una solución estable, por ejemplo al actual pliego de zonas verdes 139/2013, que se encuentra enrocado y paralizado, a la espera de una resolución un tanto incierta.
Según defiende la plataforma, el que los servicios públicos empiecen a ser de nuevo gestionados por una empresa municipal reporta beneficios económicos como supone el ahorro del IVA y el beneficio empresarial para los ayuntamientos, sin olvidar la estabilidad laboral de los trabajadores, y la calidad de los servicios prestados.
Algunos ayuntamientos como León, Rivas Vaciamadrid, Cabrils , Vidreres, Villanova y la Geltru por citar algunos ejemplo, se han sumado a la remunicipalización, demostrado que devolver estos servicios a la gestión publica, era de las medidas que más ahorro suponían para los Ayuntamientos. Hecho avalado por el Tribunal de Cuentas en un informe de 2011.
