Después del comunicado en el que se solicitaba concordia, firmado por el propio portavoz, Fran Muñoz, más de un centenar de afiliados han emitido una respuesta exigiendo la dimisión de los concejales elegidos en 2015: Fran Muñoz, Eva Martínez, Rocío Cruz y Mercedes Condés. Solicitan así una renovación de sus representantes debido a la situación.
«El primer artículo del Código Ético de LEGANEMOS dice así: “Defender la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los ámbitos social, político e institucional de nuestra sociedad, avanzando hacia la resolución práctica de los conflictos y en contra de todo tipo de violencia.” Por ello, después de poco más de un año en las instituciones, el incumplimiento de este artículo es evidente y la situación en la que se halla el grupo municipal de LEGANEMOS resulta alarmante y triste.
Durante los últimos meses la convivencia en el grupo municipal, y como reacción, en la coordinadora y en la asamblea, ha ido degradándose hasta hacer insostenible la situación e imposible el trabajo colectivo que se exige a las personas que lo componen. Las causas de esta situación se llevan denunciando en los diferentes espacios de LEGANEMOS desde la asamblea del 1 junio, día de la dimisión de Javier Blanco de su cargo de concejal: las actitudes violentas del portavoz del grupo, Fran Muñoz, con la complicidad de una de las concejalas, Eva Martínez.
Recientemente LEGANEMOS ha sufrido la dimisión de un concejal (Javier Blanco), de una auxiliar (Susana Alvarado) y la baja médica de una concejala (Rocío Cruz) a causa del clima que se vive en el grupo municipal. Asimismo, se han dado numerosas dimisiones en la coordinadora y la baja de muchas de las personas inscritas. En las cartas de dimisión presentadas y en las intervenciones de las últimas asambleas cinco de los ocho miembros del grupo municipal dejaron claro que eran víctimas de hostigamiento, intimidación y faltas de respeto constantes por parte del portavoz del grupo: insultos, agresiones verbales, mofas, etc.
Esta situación tiene graves consecuencias para la salud física y mental de las personas que lo sufren, y supone una grave vulneración no sólo de nuestro código ético, sino también de los derechos humanos y de las normas morales más básicas, que velan por el respeto a la dignidad de toda persona. Pero además tiene una importante consecuencia para la política de nuestra ciudad, ya que imposibilita trabajar adecuadamente y sacar adelante las medidas que los votantes de Leganemos confiaban que este grupo pusiera en marcha.
La situación se ve agravada en la medida en que una creciente falta de transparencia en la organización dificulta la denuncia. Los vídeos de las últimas asambleas, donde se pueden escuchar los testimonios que aquí se refieren, no son públicos, a pesar de que se ha solicitado por escrito su publicación. Asimismo, las actas de las reuniones de la coordinadora tampoco son públicas y el funcionamiento de grupo municipal resulta un misterio para la mayoría de los inscritos e inscritas de Leganemos. No se comprende que Leganemos exija la grabación y actas de reuniones con otras fuerzas políticas para hacerlas públicas (transparencia) y nuestros debates, con sus grabaciones y actas, no puedan ser conocidos por la ciudadanía.
Esto se suma a una grave carencia de funcionamiento democrático que se caracteriza por el uso instrumental de los diferentes documentos del partido para frenar las medidas orientadas a solucionar el problema y para proteger a un presunto acosador (por ejemplo, la dilatación a la hora de constituir una comisión de garantías en la que puedan ser expuestos los hechos y pruebas y depurar las responsabilidades a las que hubiere lugar, posteriormente la banalización de las acusaciones lanzando otras tantas peticiones de apertura de expediente que saturen una hipotética comisión y finalmente aprobar un documento que no pasó por la asamblea en el que se obliga a los concejales a no hablar de lo que ha pasado en el último año en Leganemos bajo la amenaza de una penalización).
En algunas asambleas se nos ha acusado a quienes hemos puesto este problema encima de la mesa de traer temas personales a un espacio político o de ser excesivamente emocionales en un entorno en el que eso no toca. Sin embargo, esto no es sólo un problema personal, es un problema político, y lo es por varios motivos: en primer lugar, el cuidado de las personas, el respeto, las relaciones sanas dentro de cualquier organización forman parte de la agenda política.
En segundo lugar, no podemos exigir una nueva política que sea más sensible, más cercana y más feminista si, a la vez, permitimos que las actitudes violentas, ofensivas y dominantes campen a sus anchas en nuestros órganos internos: ejemplo de ello son las declaraciones públicas de Fran Muñoz achacando la dimisión de Javier Blanco a un carácter demasiado débil, lo que no es sólo una culpabilización de la víctima, sino una deleznable defensa de la tradición política más rancia y agresiva contra la cual nos posicionamos radicalmente. En tercer lugar, permitir este tipo de actitudes en el interior, pero pretender defender los derechos de las más vulnerables de la sociedad, pretender que nuestro objetivo es luchar contra la violencia que el sistema ejerce contra las personas sin recursos no es más que una muestra de cinismo e hipocresía que no se debería tolerar.
En todo caso de acoso existe un elemento fundamental que es el silencio cómplice de los que contemplan lo que ocurre, pero no lo cuentan. Hemos sido, en mayor o menor medida, culpables de esa complicidad, hemos dado cobijo a personas violentas ante las que deberíamos habernos plantado. En este momento decimos basta: basta de violencia, basta de maltrato, basta de dar cobijo a quien no nos representa, sino que nos avergüenza cada día con su forma de actuar. Reiteramos que la organización es conocedora de esta situación que ya se describió en la pasada Asamblea del 1 de junio y que ya se deberían haber adoptado las medidas necesarias para solventar esta situación.
Decimos que basta ya de esta dinámica y reconocemos que el clima de hostilidad del grupo municipal hace imposible que se lleve a cabo un trabajo sano, positivo y útil para la ciudadanía de Leganés. Por ello, por el bien de nuestras compañeras y compañeros, pero también porque queremos ser representantes decentes de quienes nos votaron y de todos los vecinos y vecinas de la ciudad, exigimos el fin de esta situación de hostigamiento; creemos que el camino más eficaz hacia ese objetivo, considerando las acusaciones de Fran Muñoz de que todo esto se trata de una «lucha por el poder», es recoger la propuesta que lanzó Rocío Cruz en respuesta a esta acusación: en la que da un paso adelante poniendo por delante los intereses de la organización a los intereses personales, con la propuesta de la dimisión de los cuatro concejales restantes que fueron elegidos en mayo (Fran Muñoz, Rocío Cruz, Mercedes Condés y Eva Martínez) para poder conformar un nuevo grupo municipal que trabaje desde el respeto mutuo y el cuidado y pueda llevar a cabo las políticas que Leganés se merece.
Creamos Leganemos para contribuir a cambiar la realidad local, para acabar con viejas políticas, para dar voz a las ciudadanas y ciudadanos, por otra forma de hacer política, porque creemos tener un discurso político, un proyecto de ciudad, porque nuestras prioridades pasan por las políticas sociales, de participación y transformación… y en todo ello seguimos empeñados.»
Entre los firmantes se encuentran los concejales, Beatriz Alonso (IU Leganés y CCOO), Rocío Cruz (Podemos Leganés), José Manuel Barbé (Podemos Leganés), Mercedes Condés (Podemos Leganés) y el ex concejal Javier Blanco (Podemos Leganés).
