El AMPA del CEIP Constitución 1812 ha promovido esta medida de protesta para visibilizar su situación. El colegio se encuentra en obras a pesar de haber sobrepasado los plazos adquiridos. Desde el AMPA critican que tienen el 100% de plazas ocupadas sin que puedan entrar nuevos alumnos. No es el primer año que sufren esta situación.
«Queremos denunciar públicamente el alarmante estado de retraso de las obras pendientes para el próximo curso. Si no se realizan en plazo las obras actualmente pendientes, provocará que no haya suficientes aulas para cubrir la escolarización de nuevos alumnos«. Así comienza el comunicado firmado por la Junta Directiva del AMPA del colegio ‘Constitución 1812’.
En él, se denuncia que, además, las obras impiden el desarrollo normal de las actividades en el centro. «A esto se suma que las instalaciones existentes en la actualidad no permiten desarrollar las actividades que se podrían realizar teniendo un colegio completo«.
«No hay espacios disponibles en el centro para iniciar el curso escolar«, sentencian.
Además, los que hay, continúan, se verán afectados por las obras. Y es que, estas convivirán con las clases durante el inicio del curso. Una situación que afectará, sobre todo, a los alumnos de educación infantil cuyas aulas se encuentran cercanas a las obras. «No es aceptable ni asumible iniciar el nuevo curso académico sin las obras terminadas».
Medidas de presión
Por ello, el AMPA y todas las familias afectadas se reunieron en asamblea el pasado martes para decidir medidas de presión. La primera de ellas será llevada a cabo este mismo jueves, día en el que comienzan las clases: los alumnos y alumnas vestirán un casco y un chaleco reflectante para entrar en el colegio. De esta forma pretenden concienciar a la Comunidad de Madrid de los peligros que entrañan mantener unas obras en un centro de educación infantil.
Además, los padres buscan fechas para realizar una concentración frente a la Dirección de Área Territorial Sur (DAT-Sur) ubicada en la Calle Maestro de Leganés. Ese mismo día las familias se negarán a llevar a sus hijos e hijas a las clases. Mientras tanto, reúnen quejas formales para presentarlas ante la institución.
