Tras un debate de alta tensión, la comisión de investigación sobre el sueldo de Antonio Almagro fue aprobada con los votos en de Leganemos; y a favor del resto de concejales. En el debate se propuso la posibilidad de ampliar la investigación a todos los ediles. «Pongamos los documentos sobre la mesa, y estudiemos todo«, instaron desde ULEG.
«Nosotros solo queremos un informe de asesoría jurídica. No una comisión de investigación donde frivolicemos con estas cosas«, explicó Fran Muñoz, portavoz de Leganemos para explicar su posicionamiento. No obstante, estos informes ya han sido realizados.
«Hemos recabado informes jurídicos y nos confirman que no hay nada ilegal«, aseguró el propio alcalde en rueda de prensa. Sin embargo, cuestionó la ética de contar con esta doble ocupación. «Ahora ya el debate es de la ética. Una comisión de investigación poco nos va a aclarar de la ética, esto es un criterio moral de cada uno«, argumentó Carlos Delgado.
«¿Adónde va el sueldo del señor Almagro: se lucra personalmente o se destina a su partido?«, preguntaba el portavoz popular Miguel Ángel Recuenco. «Usted ha intentado insinuar una financiación ilegal de ULEG, que bien la conocen ustedes«, acusó el portavoz de ULEG, Carlos Delgado. «El documento de la Seguridad Social es de hace más de un año. ¿Siendo concejal de Hacienda, usted no ha visto ese documento?«, señaló.
«¿Qué más da que el documento es de hace un año?«, preguntó el concejal de Hacienda, Pedro Atienza quien destacó que la «mayor preocupación es la compatibilidad de las dos ocupaciones«. «Según el documento ocupa el 100% en una empresa privada y el 80% en el Ayuntamiento. Es difícil de creer», cuestionó el portavoz del PP.
Revelación del documento
Por otro lado, Carlos Delgado preguntó en reiteradas ocasiones cómo había sido posible que el medio Al cabo de la calle tuviera acceso al documento de la Seguridad Social. «Es uno de los problemas de la electrónica, es fácil de conseguir«, respondía Pedro Atienza (PSOE). No obstante, el edil anunció que su partido ha interpuesto una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos, además de una denuncia por el derecho a rectificación de la noticia publicada en el medio.
