Vista aérea del campus de la UC3M en Leganés | Foto: Ayuntamiento de Leganés

La ruptura colectiva de contratos de prácticas ha sido la respuesta de la universidad ante las evidencias de que los alumnos llevaban años ejerciendo las funciones de trabajadores indefinidos a tiempo parcial.

Comisiones Obreras mantiene su pulso con la Universidad Carlos III de Madrid respecto al provecho que estaba sacando el centro del Programa de Prácticas. Ante las acusaciones que recibió la universidad el mes pasado por “utilización irregular” de sus contratos de prácticas extracurriculares para desarrollar las funciones de su departamento de función y servicios, su decisión fue paralizar la selección de nuevos becarios y despedir de forma colectiva a un gran número de los ya existentes. El sindicato considera ahora que se ha cometido un nuevo “incumplimiento” al finalizar las relaciones laborales y ha llevado el caso ante los tribunales.

Los denunciantes se apoyan en la resolución de la Inspección de Trabajo de la Tesorería General de la Seguridad Social que puso de manifiesto las malas praxis por las que se habrían ahorrado un millón y medio de euros en los últimos cuatro cursos. En dicho acta, los empleados no eran considerados como estudiantes en prácticas sino como trabajadores indefinidos a tiempo parcial, hecho que CCOO rechazó categóricamente e instó a revisar los contratos firmados para adecuarse a sus cotizaciones correspondientes.

En su lugar, la UC3M ha querido amoldarse al reglamento rompiendo múltiples contratos iregulares y reduciendo su plantilla en consecuencia. Sin embargo, el centro universitario que radica sus campus en Leganés y Getafe volvió a cometer un “incumplimiento” que ha señalado una vez más la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid.

A través de un comunicado, la organización remarca que “la finalización de la relación laboral existente entre los estudiantes y la universidad debería haberse ajustado a los procedimientos y regulación del despido colectivo”. En este caso, la universidad habría vuelto a pasar por alto la evidencia de que los destituidos en cuestión eran trabajadores indefinidos, por lo que el sindicato ha informado de que el pasado 30 de enero presentó una demanda de impugnación colectiva.

Sobre la mesa la nulidad de los despidos

En su reclamación, CCOO solicita que el tribunal correspondiente declare la nulidad de los despidos y que por tanto obligue a “readmitir a los trabajadores afectados y a que se les abonen los salarios que no han percibido” en el periodo apartados de sus puestos. Para ello, los juzgados deberán corroborar que ha existido una relación laboral indefinida y ajena a los cometidos propios de las becas.

El sindicato se mantiene tajante en su lucha por los derechos del alumnado y repudia con insistencia el “uso fraudulento de las becas”. Por último, ha anunciado que no descarta tomar más medidas en defensa del alumnado que no se haya visto afectado por el despido masivo, pero que sí estuviera incluido en el informe de la Inspección de Trabajo.