El colectivo se ha dirigido al Ministerio y a la Consejería de Transportes de la Comunidad para pedir la medida que según ellos aseguraría “un servicio público de transporte de calidad y con seguridad frente a contagios” usando los vehículos libres.
Vía carta, el Sindicato Libre de Transporte les ha hecho llegar tanto al Ministerio de Transportes como a la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid su preocupación por el avance hacia la nueva normalidad. La era post-coronavirus insta a guardar la distancia de seguridad en el transporte público además del uso obligatorio de mascarillas en su interior. No obstante, la necesidad de gran cantidad de población en la región de trasladarse a sus puestos de trabajo por estos medios dificulta en demasía que se cumplan los requisitos.
Como respuesta, los sindicalistas han propuesto “que se usase a la flota de transporte discrecional, turístico, escolar, y regular de uso especial de Madrid, que está toda parada, y sus trabajadores en la nómina del SEPE en sus respectivos ERTEs para reforzar el transporte público urbano y metropolitano de la Comunidad de Madrid”. A sus ojos, esta medida sería la única de carácter inmediato que aseguraría “un servicio público de transporte de calidad y con seguridad frente a contagios”.
En su escrito, el colectivo traslada su compromiso social para que sus medios de trabajo no se conviertan en focos de infecciones que acaben lastrando a la sociedad. Mediante el uso de los vehículos que señalan conseguirían reducir la frecuencia de paso, mitigar el impacto económico de los ERTEs de los conductores e incluso mantener una apuesta que mire por el medio ambiente promoviendo los desplazamientos en transporte público frente al privado.
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Este refuerzo, según explican, serviría de apoyo a las otras normativas dictadas durante el estado de alarma en cuanto al 50% de aforo en los asientos, la cantidad de viajeros de pie permitidos por metro cuadrado o la obligatoriedad de las mascarillas. Por el momento, sus responsables lamentan la falta de respuesta por parte del Ministerio y la evasiva recibida por la Consejería, que ha alegado que se encuentra estudiando múltiples opciones.
¿Transporte público sin aire acondicionado?
Ambas administraciones públicas no son las únicas a las que se ha dirigido el sindicato, que también ha querido contactar personalmente con el Ministro de Sanidad, Salvador Illa. Su cometido en este caso ha sido poner sobre la mesa una problemática no abordada hasta ahora y que podría tener consecuencias en el transporte público de cara al verano: la incidencia del aire acondicionado en la transmisión de la COVID-19.
El Sindicato Libre de Transporte transmitió sus dudas al respecto debido a las necesidades de fomentar la ventilación en el interior de los vehículos y al desconocimiento sobre si su uso puede favorecer propagaciones superiores a las previstas en el distanciamiento social recomendado. Este comunicado pregunta directamente a Illa sobre la necesidad o no de adoptar medidas en este sentido y de marcar un protocolo de actuación que genere confianza entre todos los actores implicados en los transportes. La incógnita, hasta la fecha, se mantiene.
