Denuncian “el abandono” de la Comunidad de Madrid en los centros, la falta de medios y la “dejación de funciones” que “se traduce en pérdida de vidas humanas”. Esta iniciativa llega tras dos solicitudes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) instando a la Comunidad a tomar medidas.
Más Madrid-Leganemos impulsa una recogida de firmas para que “la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su equipo de gobierno no se olviden de la situación de las residencias antes, durante y después de la pandemia de la COVID19”. Sin cifras oficiales por parte del gobierno autonómico, el último informe de la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Comunidad de Madrid remitido al Tribunal Superior de Justicia (TSJM) reconoce que las ocho residencias de Leganés que el Tribunal ordenó medicalizar han registrado 259 mayores fallecidos.
Según el documento la residencia de Vitalia es la que más fallecidos “por todas las causas” contabiliza: 92 sobre un total de 266 plazas autorizadas. Le siguen Domus Vi, con 57 muertos, y Nuestra Señora de Butarque, con 33. El centro de Parque de los Frailes ha contabilizado 30 fallecidos, y El Encinar, 25. Mientras, Los Balcones ha registrado 12 fallecidos y la residencia de Valdeluz, un total de 10.
Tal y como explica la formación “el abandono de las residencias es una constante desde hace años y la pandemia actual ha sacado a flote un modelo de gestión que ha entregado estos centros a fondos buitres con el único criterio de hacer dinero, olvidando que dentro están nuestros abuelos, nuestros padres y madres y una generación que ha levantado este país”. “La medicalización de las residencias es fundamental y no es la única medida que debe tomarse de manera urgente”, recalcan “ya estamos en fase 1 tras dos meses de confinamiento y seguimos sin saber cuál es el plan, cuáles son los recursos, cómo se van a reforzar las plantillas, los equipos de protección o cómo se va a garantizar la seguridad de las personas mayores”.
Esta petición se suma a las múltiples quejas de asociaciones de familiares, escritos a Fiscalía, querellas y denuncias que siguen sin ser atendidas. Por su parte, el TSJM ha pedido, hasta en dos ocasiones, la medicalización de los centros así como informes al gobierno de la Comunidad de Madrid sobre el cumplimiento de esta petición, informes que siguen sin llegar.
