Dos bomberos denuncian el acuerdo con la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento de Leganés desmiente las acusaciones y califica el acuerdo de «impecable».
Hace tan solo dos meses que se firmó el acuerdo por el que la Comunidad de Madrid aceptaba hacerse cargo de la gestión del servicio de extinción de incendios de Leganés, con él, efectivos, materiales y el propio parque pasarán a ser del Gobierno regional. Un acuerdo lleno de polémica desde el principio pues ya en su periodo de negociación fue motivo de varios fuegos en el parque.
Las críticas hicieron que dos bomberos lo llevaran a los juzgados por considerarlo en ‘fraude de ley’ ya que «el acuerdo se fundamenta en que el Ayuntamiento no es capaz de gestionar y ofrecer el servicio, y es mentira«, argumenta su delegado sindical de CPPM. En conversaciones con LEGANÉS ACTIVO pone de ejemplo su actuación durante la COVID19: «levantamos cadáveres, desinfectamos vehículos sanitarios, acudimos a emergencias… y lo hicimos con más efectivos de los que dispuso la Comunidad de Madrid para toda la región».
Sin embargo, esta primera denuncia fue rechazada condenando a los denunciantes en costas ya que aún el acuerdo estaba sin firmar y, por tanto, no se habría producido el supuesto delito. Ahora, tras la firma de la dispensa, los denunciantes ha vuelto a llevar el acuerdo ante el Tribunal Contencioso-Administrativo. «Todo se ha fundamentado en un fraude de ley, y la Justicia debería obligar a dar marcha atrás en este proceso», algo que desde el Ayuntamiento desmienten: «Se trata de un acuerdo impecable, firmado con la Comunidad de Madrid en el que se lleva trabajando más de dos años».
Un acuerdo «voluntario»
El acuerdo firmado aseguraba que el traspaso de efectivos debería realizarse de manera voluntaria, es decir, todos los bomberos tuvieron la oportunidad de firmar su traspaso a la Comunidad de Madrid, si querían. Sin embargo, no había información sobre qué pasaría si no lo hacían. «Esto no ha sido voluntario para nada», asegura uno de los denunciantes, «cuando pregunté qué pasaría si no quería irme, me dijeron que firmara y que ya se vería».
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Ninguno de los denunciantes firmó su traspaso a la Comunidad de Madrid hasta tener información de qué pasaría si se quedaban. «Hemos estado cuatro meses solicitando información hasta que nos ha llegado su solución», explican. En el proceso hasta una decena de bomberos han pedido el traslado a otros parques de gestión municipal mientras que otros, también reticentes, decidieron firmar. Ahora, el Ayuntamiento de Leganés ha ofrecido dos plazas vacantes: conductor del SAC móvil y administrativo, una oferta que están valorando con sus abogados. «Yo tengo mi plaza de bombero y aunque el servicio se extinga, sigo siendo bombero, no soy administrativo», argumentan.
En este sentido, los denunciantes aseguran que la respuesta del Ayuntamiento deja claro que la decisión no era voluntaria. «Nos ofrecen estas plazas o dejarnos en expectativa de destino, esto quiere decir, enviarnos a casa cobrando menos y si en un año no sale plaza, que no saldrá porque el Ayuntamiento ya no tiene ese servicio, a la calle».
Por su parte, el Gobierno local asegura que es lo único que les puede ofrecer, algo que los denunciantes rechazan y ponen como ejemplo otros parques absorbidos anteriormente: «no en todos los parques se fue el 100% de la plantilla, para los que se quedaron los Ayuntamientos acordaron con la Comunidad mantenerlas la plaza con las condiciones laborales de bombero municipal, encargándose ellos de la nómina. Este Ayuntamiento no ha valorado hacer un acuerdo así». Con todo, los dos bomberos aseguran que mantendrán en pie su denuncia ante el Tribunal Contencioso-Administrativo hasta el final.
