Migrantes colombianos de Leganés, angustiados por la situación en su país

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Leganés cuenta con más de 3.900 personas de nacionalidad colombiana que viven en estos momentos preocupados por sus familias y frustrados por la falta de interés de la opinión pública

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Colombia es un polvorín. Desde el pasado 28 de abril, el conflicto no cesa: lo que empezó siendo una protesta pacífica ha terminado siendo una brutal represión policial que responde con disparos los insultos y enfrentamientos de jóvenes, en su mayoría entre 18 y 30 años. “Nos están matando”, gritan los caleños, habitantes de Cali, una de las capitales de Colombia y epicentro de las protestas.

Leganés cuenta con más de 3.900 personas de nacionalidad colombiana, el segundo grupo por nacionalidad más importante de la ciudad, que viven estos días con el corazón en un puño. Preocupados por sus familiares y con tremenda “frustración”, sobre todo, por la falta de información e interés desde España. “Si esto estuviera pasando en Venezuela, estaría copando todas las portadas”, critica Daniela, nacida en Colombia y emigrada a Leganés hace 20 años. «De los medios de comunicación no te puedes fiar, se han manipulado vídeos», señala. «Invito a todos a indagar e investigar en las causas, intentar entender lo que está pasando, y no quedarse en las confrontaciones», pide Gustavo, colombiano con más de 30 años en España.

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Los miles de desplazados recurren así a sus amigos y familia para conocer cuál es la situación. Con la gran diferencia horaria de por medio, preguntan a través de WhatsApp cómo ha discurrido la jornada. «Vivo sin dormir desde que empezaron las protestas», asegura José Luis, en España desde hace 5 años, que pasa las noches pegado al teléfono móvil recibiendo noticias de sus amigos y familiares. «Nos han vendido que es una democracia consolidada y desde España cuesta creer lo que está pasando», apunta Pablo.

El paquete de reformas, la chispa

Timeline de los acontecimientos que han llevado a los paros en Colombia. Elaboración: Leganés Activo

Un nuevo paquete de reformas ha sido el responsable del estallido de la mecha. Con más de cuatro millones de colombianos viviendo en la extrema pobreza y un 42,15% de la población en pobreza, el Gobierno de Iván Duque proponía aumentar los impuestos de los bienes básicos mientras mantenía las exenciones a las clases más ricas. Los tres principales sindicatos, la federación de educadores, asociaciones de camioneros y trabajadores agropecuarios convocaban un paro nacional: protestas que cortaron las vías principales de acceso a Cali. Dos días después, con las protestas aún en auge, la Procuraduría, órgano que investiga las infracciones del Estado, negaba que hubiera delito en uno de los mayores casos de corrupción detectados por el órgano de fiscalización de las cuentas públicas, la Controlaría. Los ánimos se caldearon un poco más, y aún quedaba la guinda del pastel: se hacía pública la intención del gobierno de Duque de comprar aviones militares por valor de 3.280 millones de euros.

Las protestas se han intensificado y multiplicado por todas las capitales, algunas pacíficas (la mayoría) y otras violentas (con presencia policial). Esto hizo obligatoria la presencia de observadores internacionales como Human Rights Watchs y la ONU, que han verificado la brutalidad de la represión. Las entidades han confirmado el uso de tanquetas, detenciones arbitrarias y la muerte de, al menos, 10 civiles.

«La visión que te da ver esa tanqueta disparando es una escena de guerra, no de control de orden público. Esa velocidad de disparo no se había visto nunca antes en América Latina»

— José Miguel Vivanco, director para las américas de Human Rights Watch en entrevista para BluRadio

La represión que se vive allí no es solo policial sino también tecnológica que sufren los propios periodistas. «Han bajado la velocidad de internet y hay cortes de electricidad por la noche para evitar que suban vídeos largos a redes sociales o hagan directos», denuncia José Luis.

Así, colombianos y periodistas graban para, más tarde, enviarlo a sus familias de fuera del país o publicarlo en redes sociales demostrando la represión que sufren. “Han disparado a civiles desde un helicóptero; eso va en contra de los derechos humanos, y sin embargo parece que no pasa nada, aquí no llega”, apunta Pablo quien sufre con frustración que no se esté denunciando internacionalmente la situación. «Necesitan ayuda».

Una de las regiones que más preocupa es el Valle del Cauca (Cali), en estado de excepción por las fuerzas paramilitares. Se trata de una región azucarera donde residen grandes fortunas del narcotráfico. «Es el pueblo que abastece a gran parte de Colombia y la situación allí es muy peligrosa», asegura Camilo, cuyo padre vive en la ciudad, «estoy muy preocupado por mi padre, dice que nunca había visto nada igual y lleva sus 50 años viviendo en Colombia».

¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

“Desde España es muy difícil entender que en Colombia haya esa brutalidad policial y que esté normalizada”, explica Pablo. «Tengo un amigo que hace tres años que vino a España exiliado porque estaba metido en sindicatos y, por solo eso, le buscaban». «Esta represión lleva muchos años», afirman Gustavo y José Luis, afincados en España desde hace 30 y 5 años, respectivamente; ambos la han vivido en primera persona. 

Tal y como destacan desde Human Rights Watch, las protestas arrancaron realmente en noviembre de 2019. «Hay un desencanto subyacente especialmente de los jóvenes», destaca José Miguel Vivanco, quien rechaza que se califique a los jóvenes de terroristas o guerrilleros cuando no hay pruebas ya que «es echar gasolina al fuego». Y es que este discurso está haciendo mella en la sociedad enfrentando a muchos de ellos.

Colombia es uno de los países con mayor desigualdad del planeta. Mientras se niega la lucha o la diferencia de clases, la sociedad está oficialmente dividida por los conocidos como ‘estratos’, determinados por el aspecto de sus casas. “Es una sociedad tremendamente clasista, elitista, y racista”, explica Gustavo Guzmán, quien señala que esto ha sido aprovechado por el Gobierno a quienes acusa, incluso, armar a personas de estratos altos. «Se ha visto cómo grupos de civiles atacaban a los manifestantes con los policías, al lado, alentándolos», comenta José Luis.

«Estamos viendo ataques con más regularidad contra los manifestantes por parte de civiles, en Cali como en Pereira, no sabemos si esos civiles son policías de civil o se trata de bandas criminales que están atacando a los manifestantes»

— José Miguel Vivanco, director para las américas de Human Rights Watch en BluRadio

Los protestantes no tienen nada que perder, si no les mata el hambre, lo hará la COVID o la policía en la protesta”, explica José Luis. “Allí hay mucha hambre y mucha pobreza, la gente se busca la vida como puede”, añade Daniela, “he llegado a ver gente en la calle que cobraba dinero por pesarte en una báscula”. Y es que el 41,2% de los trabajos son informales, pertenecientes al ‘rebusque’ de subsistencia. «Los jóvenes nos están dando una gran lección con estas protestas haciendo lo que no pudimos hacer nosotros», asegura Gustavo.

Ante todo esto, la solución al problema se ve muy lejos. «Hay que acallar al ex presidente Uribe que está subiendo los ánimos, reducir el número de políticos corruptos e invertir más en educación», apunta José Luis. «Hay que escucharse», señalan desde Human Rights Watch al tiempo que ha comenzado un diálogo entre el Gobierno y una Comisión del Paro Nacional sin éxito. «Es muy difícil que se llegue a un acuerdo porque esto no se acabará de la noche a la mañana», añade Pablo mientras que Gustavo se muestra esperanzado: «Queda solo la esperanza de voltear el país, ojalá no llegue a más, ¿de qué manera entenderán los opresores lo que están haciendo? ¿hasta dónde va a aguantar el pueblo?».

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Aroa Díaz
Periodista. Con experiencia en medios digitales nacionales como redactora (El Diario Fénix, El Confidencial Digital, Europa Press, Cambio 16 y Hearst España), dirige y escribe en el área política y social para Leganés Activo.
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