Piscina de verano de El Carrascal. Foto: Aroa Díaz

El contrato para la gestión de la piscina de verano El Carrascal tendrá vigor durante dos años, prorrogable a otros dos años más con un valor máximo de 1,2 millones de euros.

El Gobierno de Leganés ha hecho público el pliego de licitación por el que se contratará a una empresa que será la encargada de llevar a cabo la gestión de la piscina de verano El Carrascal de cara al próximo año. Después de los problemas en la contratación del personal de este año, que ha llevado finalmente al retraso en su apertura, el Gobierno ha apostado por la privatización total.

El contrato, por valor de 1,192 millones de euros, registra la privatización de la atención médica, enfermería y botiquín, control de accesos, socorristas, coordinación y limpiafondos durante 2 años, pudiendo prorrogarse por dos años más en caso de acordarse así por ambas partes.

Según declaró el concejal de Deportes, Miguel García Rey, esta es una “solución eventual” después de que Intervención en 2019 echara atrás la posibilidad de contratar con contratos de obra y servicio a los socorristas, y la negativa a optar por contratos fijo-discontinuo. Esta privatización se hizo visible en los presupuestos de 2021.

En la justificación del contrato, el Ayuntamiento califica la piscina como una instalación “esencial” para llevar a cabo el programa de verano municipal: “esta instalación forma parte de toda la programación, dando servicio, no solo al uso libre habitual de verano, sino también a las diferentes colonias deportivas, propias y ajenas; así como a otras delegaciones como Servicios Sociales, Infancia, Juventud…..; la actividad piscina de verano es imprescindible para varios colectivos y diferentes entidades del Municipio”. 

En el contrato se declara que el Ayuntamiento está encargado de llevar un seguimiento de los trabajos registrando como faltas graves la prestación manifiestamente defectuosa o irregular de los servicios; el retraso sistemático en los horarios; así como los incidentes del personal afecto a la empresa adjudicataria con participantes, público y /o personal municipal, por trato incorrecto; entre otras cosas. 

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