La AEF repasa los seis años de vida de la Ley de la Segunda Oportunidad en este reportaje
Tras años siendo reclamada por ciudadanos, abogados y jueces, el 28 de julio de 2015 entró en vigor en España la Ley 25/2015, comúnmente llamada “Ley de la Segunda Oportunidad”. Repasamos la evolución de su popularidad entre los ciudadanos, si ha cumplido su función principal de liberar de sus pagos a deudores insolventes y las estadísticas que nos han dejado estos seis primeros años.
En los tres primeros años de vida de la ley esta no generó confianza
En 2015 Rajoy puso en marcha esta ley tras ver el buen funcionamiento que tenía en países como Reino Unido, Francia, EEUU o Alemania. Era la solución para reactivar la economía y que miles de españoles pudieran escapar de las deudas que habían generado debido a la crisis del ladrillo de 2008.
Antes del nacimiento de esta ley el deudor respondía con su patrimonio por todas las obligaciones contraídas, incluso en el caso de que se declarara en concurso de acreedores y éste hubiera sido fortuito (art. 1911 CC).
El desconocimiento de la población y el miedo a la ineficacia del proceso hicieron que fueran pocas las personas en estado de insolvencia que se acogían a dicha ley. La ineficiencia de los juzgados tampoco ayudó a crear confianza, lo que propiciaba la imagen de que el procedimiento era lento y costoso. Sin embargo esto cambia en 2018.
En 2018 y 2019 empieza a crecer la popularidad y optimismo con el proceso
El optimismo con esta ley dio un giro una vez empezaron a ser comunes las sentencias exonerando de masa pasiva a los deudores, algunas por importes considerablemente altos. No era necesario ser empresario o autónomo para poder ser beneficiado, con lo cual eran muchas las personas físicas que se amparaban en la Ley de Segunda Oportunidad. Como ejemplo el auto conseguido por la Asociación de Ayuda al Endeudamiento en julio de 2019 en Madrid, en el que se perdona al deudor de todas las deudas que había generado hasta el momento.
En ese mismo mes, en julio de 2019, el TS resolvió un recurso de casación donde la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social impugnaron la exoneración de parte de su crédito en un concurso de acreedores de persona física. Al tener un estatus de deuda privilegiada no quedaba claro si era posible esta condonación de la deuda con la Administración Pública.
Aunque era defendido por numerosos profesionales del Derecho, especialmente, siguiendo las directrices procedentes de la Unión Europea, que se debía cancelar igual que el resto de créditos concursales, no fue hasta 2019 cuando se despejaron todas las dudas sobre ello.
El Tribunal Supremo dio la razón y sentó un precedente para todos los juzgados españoles. Tras esta sentencia, es posible una cancelación del 70% o más del crédito pendiente con la Administración Pública. El resto se abona en cuotas asumibles durante un máximo de 5 años. Al final del quinto año la cantidad adeudada restante quedaría cancelada.
En 2020 la Ley de la Segunda Oportunidad se postula como solución a la crisis originada por el Covid-19
Debido a la pandemia y la crisis económica originada por el virus muchas familias han visto reducido drásticamente sus ingresos, mientras que el nivel de gastos se mantenía. Esta situación produjo un aumento considerable de expedientes concursales voluntarios. Ante esto, el Gobierno decretó una serie de medidas para agilizar el proceso y que los concursados pudieran obtener el BEPI en menor tiempo. Estas medidas han ido renovándose desde el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, hasta el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.
En condiciones normales la duración del proceso era superior a los dos años. Sin embargo, en la actualidad, son cuantiosos los casos que se resuelven con éxito en menos de 18 meses.
A modo de ejemplo, la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, organización especializada en Ley de Segunda Oportunidad a nivel nacional, en los siete primeros meses de 2021 ha conseguido ya más de 50 resoluciones judiciales de perdón de deudas. Esta cifra ya supera el total de todo 2020 logrado por sus abogados.
Ha sido más empleado por deudores no empresarios hasta la llegada de la pandemia
A través del estudio estadístico realizado por la Asociación en 2021, se puede observar como cada vez son más las personas físicas que confían en la ley como solución a sus problemas financieros. El ahorro de la cuota de la deuda y el blindaje ante embargos durante todo el proceso lo convierten en una opción más que atractiva a la vez que necesarias para personas ahogadas financieramente. Además cada vez son más las familias que consiguen cancelar todas las deudas manteniendo su vivienda habitual. Estos factores han originado que el número de procesos anuales haya aumentado más de un 200%, pasando de 649 en 2015 a 2.621 en 2020.
La ley fue pensada originalmente para ayudar a los autónomos endeudados por su actividad laboral. Sin embargo, el buen funcionamiento del mecanismo y la posibilidad de que cualquiera pueda acceder a este beneficio, han hecho que acudan a él todo tipo de personas. Así, los autónomos amparados por esta ley representaron menos del 20% del total en 2020, en contraposición con el 30% que representaban en sus inicios.
La línea amarilla representa a los autónomos que se acogen al procedimiento, mientras que la verde a aquellas personas sin actividad empresarial.
El Consejo de Economistas ha llegado a prever para este 2021 un aumento de hasta el 92% de los concursos de acreedores de personas físicas en nuestro país. Una gran parte serán ex empresarios que buscarán refugio del daño económico producido a sus negocios por la pandemia. Madrid ha sido una de las grandes damnificadas al basar gran parte de su tejido empresarial en el sector hostelero.
En el primer trimestre de 2021 se han cumplido estas predicciones. El número de autónomos que se ha acogido en los primeros tres meses de este año al procedimiento respecto mismo periodo de 2020 ha crecido un 334,4%. La cifra no deja dudas acerca de los estragos de la pandemia en la economía. Igualmente, el número de personas físicas no empresarios se ha incrementado en un 91,5% (Fuente: Colegio de Registradores). Estos datos nos muestran la importancia en nuestra economía de la Ley de la Segunda Oportunidad. No obstante, se sigue a la espera de la trasposición de las directrices de la Unión Europea que buscan tanto agilizar el camino hacia el BEPI como facilitar las negociaciones y cancelaciones de deuda pública.
