Aprender Educando y la Universidad Popular de Leganés han expulsado a dos profesores voluntarios sin ningún expediente sancionador.
Son Jesús y Ana y eran profesores voluntarios en la Universidad Popular de Leganés (UPL). Dependiente de la Concejalía de Cultura, la UPL es una institución pública dedicada, desde 1983, a formar a adultos y apoyar la cultura popular y la participación social. Lo hace a través de un cuerpo de docentes voluntarios provenientes de diferentes asociaciones. Jesús y Ana lo eran de Aprender Educando.
«Llevábamos cuatro años siendo profesores con ellos. En este tiempo hemos propuesto muchas ideas, incentivado talleres y actividades o llevado películas para visionar en las aulas y motivar debates», explican. Este curso no han podido continuar con su actividad.
Según explica Ana, al llegar el mes de septiembre, con todo el trabajo de preparación previa hecho, preguntó por el día exacto del inicio de las clases y no obtuvo respuesta. «El mismo viernes anterior al inicio del curso me llegó un e-mail del Ayuntamiento donde decía que no contaban más conmigo en la UPL». Un correo firmado por el coordinador de la UPL al que ha tenido acceso este medio.
Sin embargo, ella no era voluntaria del Ayuntamiento por lo que preguntó a la asociación con la que colaboraba, Aprender Educando, sobre esta situación. «Después de unas dos horas recibí un e-mail del presidente de la asociación diciendo que, en coordinación con el Ayuntamiento, ya no me esperaban más. La única justificación es que me había saltado el programa«.
Días después la operación se repitió con Jesús. «Es imposible que nos hayamos saltado el programa puesto que no hay«, señalan, «cada año nos dan unas pautas muy generales en las que no están incluidos los temas que se verán y cómo». «Todas las actividades que hacíamos tenían el visto bueno del coordinador de la UPL. ¿Hemos podido cometer alguna irregular? No lo sé porque no se abrió ningún expediente, no tenemos ningún aviso anterior… simplemente ocurrió», asegura Jesús.
En conocimiento de todos
Según la Ley del Voluntariado en su artículo 12.4, cuando ocurren hechos graves, tanto que podrían evolucionar en la expulsión del voluntario, debe abrirse un arbitraje o un proceso judicial. Algo que los dos afectados niegan que haya ocurrido. «Preguntaron a las alumnas por nosotros, pero según nos dijeron las preguntas eran personales y no tenían que ver con nuestro trabajo en el aula».
Ambos sospechan que la expulsión no está relacionada con el programa escolar. Y es que, los dos comenzaron a ver desde el curso pasado «directrices que no se sostenían» y por las que comenzaron a preguntar. «Nos convertimos en incómodos y no quisieron seguir trabajando con nosotros», explica Ana. Un posible ‘grano en el culo’ para ‘La Roca’. «No somos los únicos que hemos preguntado, pero sí los únicos que nos hemos querido quedar y han echado».
Tras la expulsión, el coordinador de la UPL convocó al resto de voluntarios en una reunión con un único punto a tratar: la salida de Jesús y Ana. «Conocemos la convocatoria pero no sabemos qué se dijo allí de nosotros porque no estuvimos», explica Jesús. Una maniobra que, para ellos, carece de ningún sentido. «Parecía una advertencia para el resto».
Abiertos a emprender acciones legales
Desde su expulsión se han puesto en contacto con los 27 concejales del Ayuntamiento explicando la situación. «El concejal responsable podría haber hecho más. Sabe de nuestra situación desde el primer momento y el motivo real y no ha hecho nada. Solo queremos volver a nuestro voluntariado», lamentan. «No estamos diciendo que sea algo ilegal. No todo se mueve en ese marco. También está la moral y la ética», añade Jesús.
Además, denuncian, que según la Ley del Voluntariado al comenzar el proceso, entidad y voluntario se debe firmar un acuerdo de inicio en el que se recogen los derechos y deberes del voluntario y los términos en los que se podría cesar la relación (Artículo 12.1 de la Ley 45/2015). «Nosotros no firmamos ningún documento así en ningún momento», sostienen los dos. Una irregularidad que también han puesto en conocimiento de los concejales sin obtener respuesta.
Así, insisten en pedir que haya más transparencia en la gestión de la UPL y que se cumpla la Ley del Voluntariado. «El Ayuntamiento debería obligar a que todas las entidades con las que colaboran cumplan la ley», sostiene Ana. Por ello, ambos se encuentran estudiando la posibilidad de llevar lo vivido ante la Fiscalía.