El Gobierno local ha presentado un proyecto de ordenanza para regular las prestaciones económicas a las víctimas de violencia de género. Un documento solicitado por la Intervención, tal y como ha asegurado la concejala de Hacienda, Elena Ayllón (PSOE). «Intervención advirtió de la necesidad de que se regulara una ordenanza para la concesión de las ayudas» y en el Pleno de enero llegó el borrador para que fuera aprobado inicialmente.
Este borrador ha salido adelante gracias a los votos a favor del gobierno local (PSOE y C’s), Leganemos, Eva Martínez y ULEG quien ha dado su voto a favor teniendo en cuenta que se trata de un paso previo a que se abra el periodo de consultas y alegaciones ya que «es mejorable». Pero no ha tenido una acogida del todo buena.
«Esta ordenanza podría hacerse mucho más ambiciosa», señalaba Eva Martínez, quien esperaba que fuera una ordenanza que «no solo regulase las prestaciones» sino que fuera integral abarcando también a aquellas que no han denunciado. Por otro lado, desde Unidas Podemos-IU Leganés reclamaba que «participen colectivos feministas de Leganés».
«Se trata de una ordenanza que solo regula las prestaciones económicas, es decir, no regula otros ámbitos que sí establece un convenio que se tiene desde hace tiempo con la Comunidad de Madrid»
Elena Ayllón, concejala de Igualdad y Economía
Además, desde el PP señalaban un aspecto que «desprecia» a las víctimas, y es que el documento plantea que si en el plazo de seis meses la solicitud no ha sido resulta, se entiende que es rechazada. «Que pueda ser que por falta de personal que no se conteste en tiempo y forma o porque no se quiera contestar… creemos que estas personas en esta situación de vulnerabilidad no se merecen que el silencio sea negativo y tengan que acudir en ese caso a un tribunal». En este sentido, el PP ha anunciado que presentará alegaciones para cambiar este aspecto.
Ahora arrancará un periodo de exposición al público en el que todo el mundo tendrá acceso a este borrador y podrá registrar alegaciones que, tras este periodo, serán estudiadas por el Gobierno local para ver si son añadidas o no al texto original y, finalmente, ser aprobado de nuevo por el Pleno con todas las modificaciones hechas.
