«Llaman al telefonillo y ya me pongo a temblar. Tengo miedo de que el acoso llegue también a mis hijos», nos confiesa F.J., la inquilina de un piso en el barrio de Zarzaquemada -bautizada por algunos medios como la inquiokupa de Leganés- del que tiene problemas para afrontar el alquiler desde 2022. Dos años en los que ha tenido contratos temporales precarios intercalados con etapas en el paro que le han complicado la liquidez económica.
Después del primer año con problemas, sus arrendadores decidieron denunciar por impago pero el juzgado ha amparado a la inquilina por ser una persona vulnerable. Madre soltera, con dos hijos adolescentes y sin una fuente de ingresos fija solvente con la que poder hacer frente a estos pagos. A pesar de esto, tiene fecha de desahucio: el 31 de diciembre.
A pesar de que sus caseros niegan que sea una persona vulnerable, el juez le ha dado la razón hasta en tres ocasiones. Esto ha hecho que decidieran llamar a la prensa. «Están en su derecho de denunciarlo públicamente», reconoce la inquilina a Leganés Activo, pero señala que desde que se hizo público «ha sido un acoso constante».
Reporteros de varias cadenas de televisión y diarios han llamado a su puerta, acompañados por los caseros, y, a pesar de su reiterada negativa a hablar, continúan haciéndolo. «Hay prensa apostada en mi puerta cada dos por tres… me entran sudores fríos y me asusto cada vez que llaman al telefonillo y ya no cojo el teléfono a nadie», señala la inquilina en declaraciones a Leganés Activo. Y es que el último artículo ha sido la gota que ha colmado el vaso: un periódico que se hacía eco de la noticia desvelaba todos sus datos privados «hasta mi segundo nombre», lo que la ha llevado a denunciar. «No todo vale», reitera.
«No soy una okupa»
La inquilina sostiene en varias ocasiones que ella no es una okupa. «No he pegado una patada a una puerta. Tengo mi contrato y he ido pagando seis meses al año, de forma irregular. Tengo deudas, no lo niego, y les he ocasionado problemas económicos a esta pareja, pero no tengo otra alternativa. Vivo de contratos temporales de lo que salga con los que pago todas las deudas del año. Con esta situación no me da para ir a ningún sitio con mis hijos, ¿qué hago?».
Tal y como ha acreditado ante el juzgado en varias ocasiones, la inquilina vive sola con sus dos hijos y ahora mismo está en paro sin tener ingresos suficientes para afrontar sus deudas. Una situación que la hace vulnerable. Sin embargo, sus caseros no se creen los documentos oficiales y señalan que llegó a ingresar 2.000 € en verano. «Era la paga extra final de un programa de trabajo temporal con el Ayuntamiento de Leganés. Fue un dinero que me vino muy bien para pagar comida, y otras deudas y un viaje a recoger las cosas de mi padre que falleció recientemente», se justifica la inquilina.
Para poder salir del bucle, ha solicitado dos veces una Vivienda de Protección Oficial pero desde Servicios Sociales ya le han alertado que «la cola es muy larga». Lleva un año esperando. «Desde Servicios Sociales tampoco han hecho mucho», denuncia. Según su testimonio, el papel de esta concejalía se ha limitado a la elaboración de un informe de vulnerabilidad -al que están obligados- «y la trabajadora acudió al juzgado, algo que la agradezco porque no tenía porqué». Sin embargo, «no tienen ayudas para que yo pueda pagar o comer», sentencia.
A pesar de todo la inquilina es consciente de que la situación es crítica para ambas partes, algo que, de su parte, lo está siendo más aún debido al acoso de la prensa. «Esto me está generando mucha ansiedad y me está llevando al límite».
