Más de 30 personas viven actualmente en vilo en Leganés. Después de 25 años de alquiler en viviendas de protección oficial, sus contratos están a punto de rescindirse a pesar de no tener problemas de impagos. La cooperativa gestora se ha negado en redondo a renovarlos mientras las instituciones públicas que colaboraron en la entrega de estos pisos, miran a otro lado.
Se trata de 15 pisos ubicados en la calle Isadora Duncan del barrio de Leganés Norte. En 1999, el alcalde de entonces, José Luis Pérez Raéz (PSOE) acompañó a los inquilinos en el acto de entrega de llaves. Eran entregados como pisos de protección oficial pero no lo serían por siempre, su protección duraría tan solo 25 años, llegando este 2024 a su fin.
Desde que se concedieron, la cooperativa Profil que gestiona las viviendas fue renovando los alquileres año a año sin problema. Sin embargo, en el momento en el que la calificación de ‘protección oficial’ está a punto de caducar, se han negado a hacerlo. Profil argumenta que los cooperativistas quieren los pisos para familiares, algo que los inquilinos no se creen.
«Hemos intentado negociar con ellos pero se niegan por completo a renovar ningún contrato, ni siquiera subiendo el alquiler. Simplemente quieren los pisos«, asegura Manuel San Pastor, abogado de las familias. Se trata de un edificio en una buena zona de Leganés Norte, algo que muchos califican de «jugoso» y es que, a pesar de la alta demanda, el alquiler escasea en este barrio.
Sin ninguna alternativa de vivienda
Ante esta negativa, las familias, que se ven abocadas a salir de sus casas después de más de dos décadas, piden una alternativa. Y es que muchas no tienen adonde ir puesto que el precio de mercado actual está muy alejado de lo que ellos están pagando en la actualidad.
Desde los afectados, reclaman que el Gobierno local se implique o, al menos, ser escuchados. No en vano el alcalde de entonces participó en la entrega de llaves. Sin embargo, por ahora obtienen el silencio como respuesta: «No han respondido a ninguna de nuestras peticiones de reunión», señala el letrado.
Esto deja a las familias sin apenas margen de maniobra. Obligadas a salir de sus casas por la presión del mercado a pesar de que, en el momento de su adquisición, estaban protegidas por las instituciones. Instituciones que, ahora, les dan la espalda.
