El borrador de los presupuestos para el 2025 que ha presentado la Comunidad de Madrid no ha gustado mucho. El escaso aumento en el presupuesto a las universidades públicas de Madrid en un primer momento hizo estallar a los rectores que, a través de una carta pública, denunciaron la falta de presupuesto. Las seis universidades se unieron para reclamar un aumento del presupuesto.
Tras una reunión con la presidenta, Isabel Díaz Ayuso (PP), el Gobierno regional dio marcha atrás y anunció un aumento del 4.2% (unos 47 millones de euros). Sin embargo, a ojos de Podemos «estas cifras simplemente sirven para dar un poco de oxígeno a unas universidades que se están ahogando».
Según la Conferencia de Rectores de Universidades de Madrid (Cruma), se estima que la cuantía necesaria para poder afrontar un mantenimiento adecuado de los edificios, así como para cumplir con los gastos de personal y suministros, ronda los 200 millones de euros. «De no atenderse estas necesidades económicas, miles de estudiantes verán cómo sus oportunidades educativas y profesionales se ven limitadas por la falta de recursos», asegura la formación morada.
Los rectores alertaron de que el gobierno de la región lleva 15 años destinando una financiación más que insuficiente para estos centros, llegando a un punto insalvable si los fondos seguían congelándose. En abril de este año, ya exigían a Isabel Díaz Ayuso más financiación puesto que, según advertían, muchos de sus gastos los estaban sufragando con ingresos extras obtenidos por, precisamente, haber ganado judicialmente procesos contra el consistorio regional.
Escasa financiación frente al alto coste de la matrícula
«El gobierno del Partido Popular en nuestra región es el que menos invierte en sus universidades públicas y en sus estudiantes, destinando solamente 4.779€ por estudiante, cuando la media nacional está en 6.118€», alerta Podemos. «Así, Isabel Díaz Ayuso y su gobierno, ignoran el objetivo de dedicar el 1% del PIB a la educación superior, tal y como se recoge en la LOSU y que es de obligado cumplimiento. Sin embargo, es la segunda región donde más cara está la primera matrícula», subrayan.
A estos problemas, cabe recordar el enfado también de la Universidad Complutense con las palabras de Díaz Ayuso en un mitin. En él acusaba a la izquierda de haber copado la universidad y llegó a decir que la Universidad Complutense es un centro “que toda la izquierda tiene colonizado” y que da “títulos como churros”. Palabras por las que el rector ha exigido disculpas públicas que no han llegado. «Este modo de operar obedece a una estrategia en la que se pretende mermar la calidad de los servicios públicos en favor de los privados», señala Podemos.
En Leganés tenemos una de las mejores universidades públicas del país, la Universidad Carlos III de Madrid, la cual acoge a más de 24.600 estudiantes. «De no producirse un cambio radical en la deriva financiera de la Comunidad de Madrid», señala Podemos, «la calidad de los estudios que se dan en el campus de nuestro municipio se verá significativamente mermada. No podemos quedarnos impasibles ante lo que nos parece otro ataque más a uno de los pilares básicos de nuestra sociedad».
Las exigencias de Podemos a la Comunidad de Madrid
Por estos motivos, Podemos ha exigido a la Comunidad de Madrid contar con la voz de los estudiantes así como tres puntos clave:
PRIMERO.- Que se invierta adecuadamente, siguiendo las recomendaciones de la Crume, para garantizar la sostenibilidad de las universidades públicas, asegurar la calidad de las instituciones, subsanar la crónica infrafinanciación tras 15 años sin subida real y abordar las inversiones necesarias en infraestructuras.
SEGUNDO.- Que garantice, sin condiciones, la adaptación a la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario en lo referente al personal de las universidades para mantener el servicio público en las mismas condiciones a través de un plan específico que lo autorice y con total garantía de que no acabará recayendo su coste en las Universidades Públicas Madrileñas.
TERCERO.- Que cumpla con la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario y dedique el 1% del PIB para financiar las Universidades Públicas Madrileñas.
