La voz de Carmen Martín, hija de uno de los residentes fallecidos en Leganés durante la primera ola de la pandemia, vuelve a sonar fuerte desde la plataforma Verdad y Justicia 7291. En un vídeo difundido en redes, Martín ha pedido a la ciudadanía que se sume al acto homenaje del 1 de junio convocada por la plataforma en memoria de los 7.291 mayores fallecidos en residencias de la Comunidad de Madrid, muchos de ellos sin acceso a atención hospitalaria.
«Sabéis lo que significa este número: son los abandonados en las residencias de la Comunidad de Madrid por unos protocolos criminales», subrayaba Martín en un acto en Leganés. «Necesitamos el apoyo de todos para que se nos escuche y no se olvide. Llevamos cinco años buscando justicia», añadía.
El acto «emotivo con un punto reivindicativo» busca recordar a las víctimas y reclamar verdad, justicia y reparación. En Leganés, uno de los municipios más afectados durante la pandemia, el mensaje ha calado especialmente entre familiares y colectivos sociales. La plataforma anima a acudir vestidos de negro y en silencio, portando fotos de los fallecidos.
El acto no tendrá color político, según destacan los convocantes, sino que pretende ser una muestra de dignidad y memoria colectiva. La cita, que se espera multitudinaria, aspira a poner en el centro del debate la responsabilidad institucional y la falta de respuestas cuatro años después de los hechos.
Imputación de altos cargos de Díaz Ayuso
La marcha se da justo cuando, por primera vez, a varios ex altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia han sido imputados. Su declaración estaba prevista para el lunes, pero un error en la notificación ha hecho que la jueza que instruye el caso tuviera que retrasarlas. “Lamentablemente han planteado una suspensión, tenemos muy claro que 7.291 discriminaciones no van a quedar impunes”, ha dicho Eduardo Ranz, uno de los tres abogados que representa a las víctimas junto con Alejandra Jacinto y Carlos Castillo.
Los abogados de los familiares de las víctimas ve en este retraso una estrategia de defensa. Y es que, las notificaciones se enviaron hace casi dos meses, un periodo en el que podrían haberlo impugnado sin esperar al último momento. Ahora, la jueza buscará una nueva fecha para la declaraciones de quienes están señalados como los artífices de los protocolos de la vergüenza.
