Las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia (VyJ) han celebrado la decisión de la Fiscalía Provincial de Madrid de reclamar que declaren como investigados los autores intelectuales y firmantes del conocido como Protocolo de la Vergüenza. Este protocolo bloqueó el traslado al hospital de miles de residentes en residencias de Madrid durante la primera ola de la pandemia de Covid, provocando la muerte de muchos de ellos.
El Protocolo de la Vergüenza, puesto en marcha en marzo de 2020, impedía que residentes con dependencia física o deterioro cognitivo fueran trasladados a hospitales. Según las denuncias, esto supuso una discriminación sanitaria que vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva.
Denuncias de familiares de víctimas en Leganés y Madrid
En octubre de 2024, 109 familiares de víctimas presentaron una denuncia colectiva que el Ministerio Público repartió en las áreas de la Fiscalía Provincial de Madrid, Móstoles, Getafe-Leganés y Alcalá de Henares. En el caso de Leganés-Getafe, de los cinco procedimientos, solo sigue vivo uno.
La Fiscalía Provincial ha concluido que el delito de denegación de asistencia sanitaria por motivos discriminatorios está directamente vinculado a los hechos ya judicializados y ha decidido remitir las diligencias a los juzgados correspondientes.
Investigación en marcha y próximos pasos
De los 53 casos que llegaron a la Fiscalía Provincial de Madrid, 48 ya tenían querellas previas en instrucción o archivadas. De ellos, al menos en 10, la Fiscalía ha solicitado llamar a declarar como investigados a Carlos Mur (firmante del Protocolo) y Francisco Javier Martínez Peromingo (autor del protocolo técnico complementario).
Desde Marea de Residencias y VyJ han pedido a los responsables políticos que «tiren de la manta» y colaboren con la Justicia para esclarecer lo ocurrido. La Fiscalía Provincial ha solicitado que se investigue el delito de discriminación junto con los de homicidio imprudente y prevaricación.
No en todas las comunidades actuaron igual
En su escrito, Fiscalía certifica esa denegación de la derivación hospitalaria y también deja claro que no en todas las comunidades autónomas se actuó igual. En concreto, señala que “fueron muy pocas las Comunidades Autónomas de nuestro país que dictaron este tipo de protocolos, significando especialmente a la Comunidad de Madrid”.
Exigencias a la Comunidad de Madrid
Las entidades también han exigido al Gobierno de Madrid que entregue toda la documentación que pueda ayudar a esclarecer lo ocurrido. Además, han criticado la actuación de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, por su pasividad inicial en la gestión de la denuncia colectiva. «Es oportuno recordar que la “deficiente investigación” del Ministerio Público fue denunciada en un informe de Amnistía Internacional en enero de 2022″, señalan.
