La situación de las residencias de mayores en España es cada vez más alarmante. El número de plazas sigue siendo insuficiente para dar cobertura a la cada vez mayor población de más de 65 años del país. Y aunque desde la Comunidad de Madrid se ha intentado paliar con la ampliación de plazas públicas, aún se está lejos de la cobertura total.
La ocupación total en España alcanza el 84,1% de las plazas (332.431 personas usuarias). Lo cual pone de manifiesto que las residencias siguen siendo una gran necesidad en nuestro país, por el incremento de población de avanzada edad y en situaciones de dependencia y necesidad de cuidados de larga duración. Sin embargo, el déficit de plazas residenciales sigue aumentando: si en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio del 5%, en el último año este déficit alcanza las 89.324.
Atendiendo a la demanda que existe actualmente sin atender, serían necesarias no menos de 35.000 plazas residenciales para las personas con Dependencia Severa (Grado II) o Grandes Dependientes (Grado III).
Las Comunidades con mayor déficit de plazas siguen siendo Andalucía y la Comunidad Valencia, con 35.857 y 24.801 respectivamente; entre las dos suponen más de las tres cuartas partes del déficit (67,9%). En Madrid, se registra un déficit de 7.954 plazas. Mientras que en seis Comunidades sigue habiendo un exceso de plazas, destacando Castilla y León, con 17.234. Navarra, Cantabria y La Rioja son las Comunidades con mayor equilibrio en su ratio de plazas por personas mayores de 65 años.
7 de cada 10 plazas residenciales de mayores son de financiación pública
El 69,6% de las plazas residenciales de personas mayores son de financiación pública, un total de 275.094, frente a las 119.971 exclusivamente privadas. Ello incluye plazas en centros públicos, plazas concertadas en centros privados, y plazas que se financian con la prestación vinculada al servicio.
Tanto el número como el porcentaje de plazas de financiación pública ha aumentado ligeramente desde 2015, hasta alcanzar 2,84 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, la más elevada hasta la fecha. Las Comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón. Las Comunidades con menos plazas de financiación pública son Canarias, Murcia y la Comunitat Valenciana.
No obstante, en Madrid hay una clara denuncia por la mala gestión de las residencias por parte del gobierno regional. La falta de financiación y de control de las empresas genera un recorte de personal. Y es que, aunque hay más plazas, la financiación no ha aumentado acorde.
Necesidad de disponer de datos y referencias fiables para la planificación
Los datos han sido recogidos por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Una entidad que demanda mayor transparencia sobre la situación de las residencias de mayores. Así, ha denunciado que en el primer Censo de Centros Residenciales en España del Ministerio no hay datos suficientes para conocer la situación del sector.
«De manera sorprendente, los datos de ese Censo diferían de manera importante a los del tradicional Informe Mayores presentados por el mismo organismo (IMSERSO); así, frente a las 398.575 plazas del Informe, el Censo ofrecía el dato de 323.272 “censadas” (381.514 según estimación. El año 2024 ha terminado sin que el Ministerio haya cumplido el compromiso que adquirió de publicar un nuevo Censo. Esperamos con interés para ver si, en esta ocasión, las cifras coinciden o se acercan más, para que podamos conocer la realidad de este sector tan importante para la protección social en España», señalan.
Por otra parte, advierten que «el índice de cobertura que se utiliza tomando como referencia la población mayor de 65 años resulta inadecuada en la sociedad actual». La media de edad de las personas mayores en residencia se sitúa en torno a los 85 años -en el propio Informe se dice que el 75,5% de las personas que viven en residencias tienen más de 80 años- en una tendencia a que cada vez sean personas más mayores, en parte por la prolongación de la vida y de la edad en la que aparecen las situaciones de dependencia y, en parte también, porque las personas deseamos, cada vez más, permanecer en nuestra propia casa el mayor tiempo posible.
De esta forma, han solicitado al IMSERSO que proponga al Consejo Territorial un acuerdo para fijar una ratio más adecuada a la sociedad actual y a la situación y demandas de las personas mayores, contando para ello con el asesoramiento de las organizaciones científicas, proveedores y entidades del sector.
Unas referencias imprescindibles ya que «todavía se siguen creando centros residenciales a golpe de promesa electoral. Frente a estas prácticas debe prevalecer una planificación racional de manera que si hay que construir nuevos centros se haga allí donde viven las personas que las necesitan y sus familiares, ya que la sociedad demanda que las residencias sean auténticos servicios de proximidad».