Leganés vuelve a ser protagonista en los tribunales por un caso que deja muchas preguntas sobre la justicia española. El Tribunal Supremo ha absuelto a un promotor inmobiliario condenado por estafa, dejando sin protección a una empresa local que había pagado 26.000 euros por una vivienda en Leganés que nunca llegó a construirse.
La compra frustrada
A mediados de los 2000, el constructor C.M. firmó varios contratos de compraventa de viviendas. Una de las operaciones afectaba directamente a una mercantil de Leganés, que entregó miles de euros para asegurarse una vivienda que jamás existió. Durante años, la empresa trató de recuperar el dinero sin éxito.
En 2022, la Audiencia Provincial de Albacete condenó al promotor a un año de prisión por estafa y a devolver la cantidad defraudada. Parecía una victoria para la compañía leganense, pero el caso dio un giro inesperado.
El Supremo lo tumba todo
El recurso del acusado llegó hasta el Tribunal Supremo. Y ahí el debate ya no fue si hubo o no engaño: la clave estuvo en los plazos. Los contratos eran de 2005 y 2006, mientras que la querella se presentó en 2015. Según el Código Penal, este tipo de delitos prescriben a los cinco años.
El Supremo declaró prescrita la causa y absolvió al promotor. Con ello, anuló también la obligación de indemnizar y la responsabilidad de las constructoras implicadas. Resultado: la empresa de Leganés pierde su dinero y se queda sin respuesta en la vía penal.
Una justicia que llega tarde
El caso revela uno de los grandes agujeros del sistema judicial: cuando las denuncias se presentan tarde o los procesos se alargan demasiado, los responsables pueden librarse por prescripción. Y quienes pagan las consecuencias son las víctimas.
En este caso, una compañía con sede en Leganés se queda sin el edificio, sin los 26.000 euros invertidos y con la amarga sensación de que el tiempo juega a favor de los defraudadores.
