La nueva tasa de residuos ha abierto una brecha política en el sur de Madrid, incluso entre alcaldes del Partido Popular. El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha cuestionado públicamente la decisión del alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco (PP), de no aplicar por ahora la tasa, advirtiendo de que esta postura puede acarrear consecuencias legales y judiciales para el Ayuntamiento.
Bautista ha defendido que, aunque la tasa no le guste y repercuta directamente en los vecinos, los ayuntamientos están obligados a cumplir la ley vigente. “Si no se cumple la ley, habrá consecuencias jurídicas”, ha advertido, insistiendo en que los alcaldes no pueden situarse fuera del marco legal, por muy injusta que consideren la norma. “Cada uno responderá de las decisiones que adopte en su gestión”, ha sentenciado.
Estas palabras han tenido respuesta política inmediata. El secretario general del PSOE de Móstoles, Álex Martín, ha criticado duramente a ambos alcaldes en redes sociales, acusando al PP de incoherencia: uno aplicando la tasa sin bonificaciones y otro, en Leganés, “declarándose en rebeldía ante la ley”.
Aumento de los cargos que critican a Leganés
Creo que un alcalde o una institución lo que tienen que hacer es cumplir la ley, aunque no nos guste. Porque si no cumplen la ley, creo que van a tener un problema legal
Manuel Bautista (PP), alcalde de Móstoles
Con estas declaraciones, Bautista se añade a la lista de cargos que han advertido a Leganés sobre las consecuencias legales de su decisión, como el Delegado de Gobierno o fuentes del propio PP de la Comunidad de Madrid. Cabe destacara que el propio Ayuntamiento de Móstoles aprobó en noviembre exigir la derogación de la tasa de basuras, pero con un matiz: aplicándola mientras siga en vigor.
Leganés se mantendrá en ‘rebeldía’
En el mismo mes de noviembre, PP y ULEG defendieron en el Pleno de Leganés su postura contra la aplicación de la tasa. Entonces, ambos grupos dejaron claro que no tenían intención de imponer la tasa, calificando la normativa estatal de deficiente y mal planteada. Una decisión que, aseguran, está apoyada en los servicios jurídicos municipales.
El portavoz del PP en Leganés llegó a definir la tasa como “una chapuza considerable”, mientras que el primer teniente de alcalde y portavoz de ULEG, Carlos Delgado, sostuvo que “la Unión Europea no obliga a establecer esta tasa”, cuestionando el relato del Gobierno central.
Por su parte, la concejala de Hacienda, María Estévez (PP), criticó duramente el incremento de impuestos y tasas, asegurando que estas medidas “dañan el bolsillo de los vecinos”. Estévez llegó incluso a reclamar que se paralice cualquier iniciativa que suponga nuevas cargas económicas hasta que exista “un sistema fiscal justo, equitativo y sostenible”.
Un conflicto político… y jurídico
Ahora, con la tasa ya en vigor y municipios como Móstoles aplicándola “a regañadientes”, la decisión de Leganés de no cobrarla por el momento sitúa al Ayuntamiento en una posición delicada. Mientras el Gobierno local mantiene su rechazo político a la norma, otras administraciones del mismo signo alertan del riesgo jurídico de no cumplirla.
El debate deja a los vecinos de Leganés en el centro de la controversia: entre una tasa impopular que encarece la factura doméstica y un pulso institucional que podría acabar dirimiéndose en los tribunales. Un conflicto que, lejos de cerrarse, promete seguir marcando la agenda política municipal en los próximos meses.
