La caída del Real Decreto-Ley que prorrogaba la moratoria de desahucios sin alternativa habitacional ya tiene consecuencias en Leganés. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la ciudad advierte de un escenario “mucho más grave que en la pre-pandemia” y alerta de un posible “tsunami de desahucios” que afectaría a cientos de familias vulnerables.
El conocido como “escudo social” impedía el desahucio de personas en situación acreditada de vulnerabilidad. Al no aprobarse su prórroga en el Congreso, esa protección desaparece. Y eso, según la PAH, deja a muchas familias en una situación límite.
Hasta 1.000 familias en riesgo en Leganés
La organización calcula que más de 70.000 familias estaban acogidas a la moratoria en toda España. Aplicando una proporción poblacional, estiman que en Leganés podrían verse afectadas entre 800 y 1.000 familias.
El impacto no sería homogéneo. La mayoría de procesos actuales, explican, son por impago de alquiler, no por hipoteca. Y Leganés no es ajeno a ese fenómeno. La ciudad ha registrado en los últimos años una de las subidas del alquiler más intensas del sur de Madrid, lo que ha tensionado a muchos hogares. De hecho, los juzgados de Leganés llevaron 62 casos de desahucio en 2024, y 51 de ellos fueron por alquiler, según datos del CGPJ.
La PAH recuerda además que incluso con el decreto en vigor ya se producían lanzamientos. Critican que los informes de vulnerabilidad emitidos por Servicios Sociales “muchas veces no se tenían en cuenta” en sede judicial. Sin la moratoria, sostienen, el margen de protección será aún menor.
Servicios sociales al límite
Otro de los avisos lanzados apunta directamente a la Administración local. Según la PAH, la caída del escudo social provocará una sobrecarga tanto en los juzgados como en los Servicios Sociales municipales.
Denuncian que en Leganés no existe una alternativa habitacional estable más allá de soluciones temporales como hoteles o albergues. Y temen que la presión se dispare en las próximas semanas.
Viviendas vacías y parque público
La organización pone el foco también en la política municipal de vivienda. Aseguran que en Leganés podría haber entre 3.000 y 4.000 viviendas vacías. Además, sostienen que existen más de 100 viviendas públicas de EMSULE sin ocupar, junto a inmuebles dependientes de la Agencia de Vivienda Social.
La PAH exige movilizar vivienda vacía y apostar por alquiler social permanente en lugar de vivienda pública en venta. Critican el modelo actual y piden un giro político “si hay voluntad real”.
El mensaje es claro: el fin del escudo social no es solo un debate nacional. En Leganés puede traducirse en desahucios, saturación institucional y un conflicto social que empieza a asomar.
