AROA DÍAZ / La plataforma de Afectados IVIMA ha puesto en marcha una campaña para recaudar fondos ante los gastos derivados de su lucha judicial contra los máximos responsables de la venta de 2.935 pisos públicos a los llamados fondos buitre. En nuestro municipio afecta a cerca de 15 familias.
El proceso judicial llevado a cabo por Afectados IVIMA contra los responsables últimos de la venta de cerca de 3.000 pisos públicos a fondos de inversión tiene un alto coste económico que la propia plataforma no puede asumir.
En total, según los cálculos ofrecidos por la asociación, los honorarios del equipo judicial ascienden a 15.000€ mientras que lo recaudado por las cuotas de los miembros de agrupación –los propios afectados que, en muchas ocasiones, no pueden asumir el coste de la cuota por la situación de precariedad a la que le lleva la situación– no llegan a 5.000€.
Así, la plataforma ha puesto en marcha una campaña de crowdfounding en la web Goteo para poder cubrir los gastos y, de esta forma, seguir adelante con el proceso judicial que, esperan, pueda revertir el proceso de venta o, al menos, devolver a las familias las condiciones de alquiler que cerraron con el propio IVIMA en el momento de la adquisición del piso.
«Todo apoyo para conseguir el mínimo y superarlo hacia el objetivo óptimo nos será de gran ayuda para liberar a los propios afectados de este gran gasto que se añade a su precariedad actual», aseguran.
Asimismo, la plataforma solicita colaboración para la elaboración de un vídeo divulgativo con el que mostrar la problemática que les afecta así como la máxima difusión de la iniciativa para poder llevar a cabo el proceso judicial.
En Leganés, cerca de 15 familias, todas ellas vecinas del barrio Arroyo Culebro, se han visto afectadas por este problema. Dos de ellas fueron desahuciadas mientras que el resto se encuentra a la espera de poder alcanzar un acuerdo que evite este final.
Recordemos que se trata de viviendas del IVIMA, es decir, de protección oficial, las cuales ofrecían grandes ventajas económicas para las familias con recursos limitados. Ahora, estas ventajas han desaparecido y las familias afectadas continúan teniendo limitados recursos.
