El exgerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Leganés (EMSULE), Manuel Martí, anunció el pago de una multa de cerca de medio millón de euros debido a un retraso en un pago. Martí achacó la situación a una «inacción» por parte del Consejo de Administración que «en ocasiones es alegada por decisiones políticas».
Manuel Martí reveló durante su última comparecencia ante el Pleno de Leganés, la situación en la que se encuentran las cuentas de la empresa del suelo municipal después de que compareciera a petición del grupo municipal Leganemos. En dicha comparecencia, Rocío Cruz, concejala, le preguntó numerosas cuestiones acerca de supuestas irregularidades en las facturaciones que el exgerente evitó contestar.
Se trata de la ejecución de una sentencia por importe de 500.000€ derivada de una denuncia interpuesta por la constructora Corsa-Corviam por el impago de una adjudicación. «En ocasiones los miembros del Consejo de Administración, aquí presentes, no toman decisiones empresariales alegando motivos políticos«, aseguró Manuel Martí en su intervención.
Tras ello, el portavoz del grupo municipal popular, Miguel Ángel Recuenco, señaló la corresponsabilidad de los presentes, miembros del Consejo de Administración. «Santiago Llorente no sólo no consigue nombrar a un gerente de consenso para la empresa, si no que su falta de acción nos podrá costar a los ciudadanos de Leganés 1,2 millones«.
«Pese a las advertencias realizadas por el anterior Gerente en el Consejo de Administración de EMSULE respecto a la necesidad imperiosa de tomar decisiones de gestión, la negativa ha supuesto ya a la empresa un gasto de 489,947€ y en breve, de seguir así, se le sumarán otros 700.000€. La ciudad no se puede permitir despilfarrar 1,2 millones euros del erario público».
Emprenderá acciones legales por su despido
La retirada de Manuel Martí del puesto de gerencia fue una continua durante su comparecencia, recordada por todos los grupos en sus diferentes intervenciones pero rechazada por el propio Martí quien, tras recibir la notificación de despido remitió una carta a los miembros del Consejo de Administración asegurando que se trataba de una decisión «nula de pleno de derecho«.
En dicha misiva –la cual puedes leer aquí-, señala que su destitución vulnera sus derechos como trabajador al no haber tenido el preaviso necesario y contraviene el artículo 90 del Decreto de 17 de junio de 1955. Dos motivos por los que el ex gerente se ha reservado su derecho a emprender acciones judiciales contra el Ayuntamiento en caso de llevarse a cabo la destitución que, finalmente, se ha hecho.
